La nueva Resolución 0007-2025 obliga a centros médicos a notificar violencia sexual en 24 horas.
Santo Domingo. – El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha puesto en marcha un sistema de vigilancia epidemiológica reforzada en todos los centros de salud del país, una medida decisiva para mejorar la detección temprana y la respuesta institucional frente a la endemia de violencia que afecta a mujeres, niñas y adolescentes.
El ministro de Salud, doctor Víctor Atallah, reveló que la base de este endurecimiento protocolario es la Resolución 0007-2025, la cual entró en vigencia este año y establece las nuevas Directrices de Atención Integral en Salud a Mujeres en Situación de Violencia de Género.
Estas directrices son de aplicación obligatoria tanto en centros públicos como privados. Su objetivo es muy preciso: detallar los procedimientos clínicos y administrativos necesarios para identificar cualquier señal de violencia y activar rutas de intervención seguras de forma inmediata.
La notificación obligatoria: cuestión de horas
Como parte del protocolo de vigilancia intensificada, el Ministerio ha establecido un plazo perentorio que busca la máxima celeridad: todo caso de violencia sexual contra niñas y adolescentes debe notificarse obligatoriamente dentro de las primeras 24 horas a partir de su detección.
Esta celeridad en la notificación no solo mejora la documentación, sino que activa de inmediato la coordinación interinstitucional con actores clave como el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), garantizando una respuesta estatal integrada.
El ministro Atallah ofreció estos detalles en respuesta a la serie investigativa “SOS para salvar vidas de mujeres”, desarrollada por el medio Aplatanao News. Su mensaje fue personal y contundente: “Como médico… como padre… como hombre, hago un llamado a detener la violencia y a su detección y denuncia en los servicios de salud.”
El refuerzo de la primera línea
El MSP ha concentrado sus esfuerzos en reducir la subnotificación, reforzando la vigilancia epidemiológica en dos eventos obligatorios: maltrato físico y violación sexual.
Para ello, la capacitación ha sido masiva: 1,400 profesionales del sector salud fueron entrenados durante el año en competencias cruciales como la identificación de señales, el abordaje clínico sensible, la documentación adecuada de la evidencia y la derivación segura de las víctimas a las instancias legales y sociales pertinentes.
Este grupo incluyó desde médicos y enfermeras hasta psicólogos, trabajadoras sociales y equipos de emergencia, reconociendo que la primera línea de prevención y detección está en los centros de atención primaria.
Atallah enfatizó que muchas mujeres acceden a los servicios de salud antes de atreverse a revelar lo que viven, convirtiendo estos espacios en el punto de ruptura del silencio.
A nivel territorial, las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud han ampliado las jornadas educativas en las comunidades para promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La entidad confirmó que las mesas locales de articulación interinstitucional permanecen activas, integrando a todas las autoridades y organizaciones comunitarias.
Todas estas medidas forman parte del Plan Estratégico Nacional y buscan consolidar al sector salud como un actor clave en la protección inmediata y la reducción de riesgos.
