El país mide cambios constitucionales en plena crisis de seguridad
QUITO.- Ecuador llega a otra jornada electoral con el pulso acelerado. Este domingo, cerca de 14 millones de votantes están llamados a pronunciarse sobre cuatro preguntas que podrían abrir un capítulo decisivo para el país. Es un referéndum y una consulta popular impulsados por el presidente Daniel Noboa en busca de más margen de maniobra política. El contenido de las papeletas toca fibras sensibles: el regreso de bases militares extranjeras, la eliminación de la financiación estatal a los partidos, la reducción de asambleístas y la posibilidad de redactar una nueva Constitución.
Noboa ha repetido en los últimos días que se siente optimista. Lo dice en medio de un ambiente áspero, marcado por una violencia que no da tregua y que ha convertido a Ecuador en el país más letal de la región. Esa sombra cubre la campaña y condiciona cualquier debate. El Gobierno insiste en que necesita nuevas herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales. La oposición, liderada por Revolución Ciudadana, responde que todo esto es una distracción costosa que no altera la raíz del problema.
Las papeletas plantean tres reformas constitucionales y una consulta. Lo que se vote este domingo será vinculante. No habrá margen para interpretaciones. Y detrás de cada pregunta hay una disputa política de fondo.
El regreso de las bases militares
El punto más polémico aparece en el casillero A. La pregunta es directa: ¿debe levantarse la prohibición de permitir bases o instalaciones militares extranjeras en Ecuador? La propuesta busca revertir una decisión tomada durante el gobierno de Rafael Correa, que en 2008 cerró definitivamente la puerta a esa posibilidad tras una década de presencia estadounidense en Manta.
Quienes defienden el “sí” argumentan que la crisis de seguridad exige medidas que antes no estaban sobre la mesa. El anexo de la pregunta habla de la necesidad de enfrentar al crimen organizado con todas las opciones posibles. El Gobierno ya ha mencionado a Estados Unidos como principal socio y ha dejado entrever que prevé instalaciones en Manta y Salinas. También ha confirmado diálogos con Brasil sobre cooperación en seguridad.
A esto se suma la visita reciente de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que recorrió junto a Noboa los posibles puntos de despliegue. La escena fue leída por muchos como un anticipo. Para el correísmo y los movimientos sociales críticos, el asunto va mucho más allá de una táctica contra el crimen. Temen que Ecuador entregue soberanía y quede atrapado en agendas ajenas. Recuerdan que la intervención estadounidense en Manta no dejó resultados contundentes en la lucha contra el narcotráfico y sí generó denuncias por abusos.
El pulso político interno
Las otras dos preguntas también mueven la estructura política. La segunda propone eliminar la obligación del Estado de financiar a los partidos. Eso significaría que los movimientos políticos dependerían casi por completo de aportes de afiliados o simpatizantes. Para los defensores del cambio, es un paso hacia un sistema menos costoso y más transparente. Para los opositores, una forma de arrinconar a las organizaciones pequeñas que ya sobreviven con dificultad.
La tercera plantea reducir el número de asambleístas y ajustar su elección. Pasarían a ser diez nacionales, uno por provincia y un asambleísta adicional por cada 400.000 habitantes. El argumento oficial es simplificar y “ordenar” un Legislativo que suele estar fragmentado. Sus detractores ven otra cosa: concentración del poder y menos voces en el debate público. La tensión entre eficiencia y pluralidad vuelve a aparecer, esta vez con efectos concretos sobre la representación.
¿Un camino hacia una nueva Constitución?
La cuarta pregunta abre una grieta mayor. ¿Debe convocarse una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución? Si la mayoría dice que sí, el país entrará en un proceso largo: elección de asambleístas constituyentes, redacción del nuevo texto y otro referéndum final para aprobarlo.
Reescribir la Constitución de 2008 no es un gesto menor. Correa la presentó en su momento como un escudo de derechos y un freno a la injerencia militar extranjera. Noboa, en cambio, la mira como un marco que ya no responde al Ecuador actual. Si la propuesta avanza, será interpretada como un respaldo a su proyecto político. Si no, será un aviso claro de que la ciudadanía quiere cautela.
Una votación bajo fuego
Todo esto ocurre mientras el país lidia con una violencia que ha superado cualquier registro previo. La declaración de conflicto armado interno y la clasificación de las bandas como grupos terroristas no han frenado los homicidios. En 2024 hubo un descenso breve gracias a operativos conjuntos entre militares y policías. La calma duró poco. Este 2025 ya se proyecta como el año más mortífero de la historia reciente. En muchas ciudades, la población vive atrapada entre disputas territoriales de grupos criminales.
Ese clima explica en parte por qué el Gobierno insiste en reformas aceleradas. Pero también explica el escepticismo de quienes ven en estas consultas un intento de gobernar con mayor amplitud, sin que exista una estrategia clara para frenar la violencia que se siente en las calles.
Un país que decide otra vez
Ecuador tiene experiencia en estas citas. Desde 1978 ha realizado catorce procesos de democracia directa. Correa fue el presidente que más recurrió a ellos, con cuatro consultas. Esta es la segunda de Noboa, que en 2024 ya sometió once preguntas a las urnas, con nueve triunfos del “sí”.
El país llega ahora a un punto de inflexión. La votación de este domingo no solo definirá cambios legales. También mostrará hasta qué punto la ciudadanía confía en el rumbo que propone el Gobierno. Y, sobre todo, si está dispuesta a reescribir las reglas en medio de una crisis que sigue apretando.