Software contables regulados son esenciales para la adaptación de empresas y el Estado, garantizando trazabilidad y eficiencia.
Santo Domingo. – Un nuevo aire de modernización y transparencia comienza a sentirse en el ecosistema de las compras y contrataciones públicas. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) acaban de emitir una circular conjunta que no deja lugar a dudas: todas las facturas resultantes de procesos de contratación estatal deben ser emitidas exclusivamente en formato electrónico.
Esta directriz no es fortuita; es un paso decisivo en el cumplimiento de la Ley 32-23 de Facturación Electrónica, alineada con la ya existente Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
La medida, de entrada, marca un hito administrativo. Al obligar la factura electrónica en todas las transacciones con el Estado, se consigue una gestión más eficiente, trazable y, crucialmente, transparente. La digitalización acelera significativamente los procesos de pago, minimiza los errores operativos y refuerza los mecanismos de control estatal sobre el ciclo completo de adquisiciones.
En paralelo, la DGII ha concedido una única prórroga hasta el 15 de noviembre de 2025 para que los Grandes Contribuyentes Locales y Contribuyentes Medianos completen su certificación y se integren oficialmente como emisores electrónicos. Esta flexibilidad busca facilitar una transición ordenada, pero subraya la inminente obligatoriedad para los mayores actores económicos del país.
El rol insustituible del software contable regulado
En este contexto de cambio normativo, el uso de software contables y de facturación regulados por la DGII deja de ser una opción cómoda para convertirse en una pieza fundamental. Es la única vía real para que tanto los proveedores del Estado como las instituciones públicas garanticen el cumplimiento efectivo de la normativa.
Estas plataformas autorizadas son la columna vertebral de la adaptación, permitiendo:
- Emitir comprobantes electrónicos que cumplen con todos los requisitos de validación de la DGII.
- Integrar automáticamente los detalles de la factura con los pliegos y requerimientos específicos de las entidades públicas.
- Mantener una trazabilidad completa de cada operación, eliminando inconsistencias y el temido riesgo de incumplimiento contractual.
- Asegurar que los proveedores tengan su estatus fiscal al día, condición sine qua non para operar con el Gobierno.
Soluciones tecnológicas como Alegra.com, una plataforma de facturación electrónica que ya cuenta con la autorización de la DGII y es utilizada por más de 262,675 empresas en República Dominicana, están al frente de este proceso.
Al automatizar la emisión y gestión de comprobantes, ofrecer soporte para la validación fiscal y herramientas contables robustas, simplifican la adaptación y reducen drásticamente el riesgo de sanciones.
“La nueva disposición acelera la modernización del ecosistema de compras públicas y exige que proveedores y entidades cuenten con sistemas regulados que garanticen cumplimiento y trazabilidad,” señaló Haydeé Cabrera, Directora de Desarrollo Comercial de Alegra para República Dominicana.
“En Alegra estamos apoyando a las organizaciones en este proceso para que puedan adaptarse de manera simple, segura y dentro del marco de la normativa vigente.”
El fortalecimiento de este ecosistema digital es la llave maestra para modernizar las operaciones del sector público y, simultáneamente, elevar el nivel de profesionalización de los proveedores que mantienen relaciones comerciales con el Estado.