La medida evita el deterioro de bienes incautados a la red acusada de estafa y lavado.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).– En una decisión inédita en el país, una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana autorizó la venta anticipada de los bienes vinculados a la red desmantelada mediante la Operación Guepardo, dedicada a la estafa electrónica y al lavado de activos. La solicitud fue presentada por el Ministerio Público, que busca impedir que los activos incautados pierdan valor mientras avanza el proceso penal.
Los bienes puestos en venta corresponden a los inmuebles donde supuestamente operarían los proyectos inmobiliarios simulados, como el denominado Romana Victoriana Residences. En esos espacios, según la investigación, se colocaron mezcladoras, varillas, sacos de cemento, maquinarias, equipos de oficina, aires acondicionados y otros materiales para crear la apariencia de una construcción en marcha.
La medida se ampara en el artículo 69 de la Ley 60-23 sobre la administración de bienes secuestrados y abandonados, legislación que creó el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). El Ministerio Público explicó que los fondos que genere la venta serán depositados en una cuenta estatal para resarcir a las víctimas cuando el tribunal ordene un decomiso definitivo.
Los principales imputados del caso —Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya— tienen 18 meses de prisión preventiva ratificados el mes pasado. Cumplen la medida en centros penitenciarios de San Pedro de Macorís y Najayo Mujeres. Los bienes incautados están ligados a la empresa Novasco Real Estate SRL, representada por Giroux, Nova y la señalada cabecilla de la red, Loany Lismeiry Ortiz Nova, detenida en Colombia mientras avanza su proceso de extradición hacia República Dominicana.
La solicitud de venta anticipada fue presentada por los fiscales litigantes Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado, junto a la fiscal de La Romana, Mayerling Rondón. La jueza Vicky Chalas acogió el pedimento tras evaluar la documentación aportada.
El expediente ha seguido creciendo. En la fase más reciente fueron arrestados Loana Paola Guerrero Milián, contable de la empresa; Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado; y las master brokers Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto. Todos cumplen un año de prisión preventiva en centros de La Altagracia e Higüey.
Según la investigación, la estructura captó más de US$18.8 millones mediante la venta de proyectos falsos, dirigidos a compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. También fueron ocupados inmuebles, vehículos de alta gama, equipos electrónicos y documentación en varias provincias.
El Ministerio Público acusa a los implicados de violar artículos del Código Penal, de la Ley de Alta Tecnología y de la Ley de Lavado de Activos.
