Dekolor S.R.L. se querella en Italia contra consorcio por falsificación de marca
SANTO DOMINGO.- La pugna por la multimillonaria licitación de las licencias de conducir en República Dominicana ha escalado a un nivel internacional sin precedentes. La empresa dominicana Dekolor SRL ha depositado una denuncia-querella ante la Cancillería Consular Italiana en Roma, apuntando directamente a las compañías Consorcio Mobility ID, Midas Dominicanas y GET Group International.
La acusación es por la presunta violación de la ley sobre derecho de marca y propiedad industrial, junto a los delitos de falsificación, contemplados en los artículos 473, 481, 515 y 517 del Código Penal de Italia.
El epicentro de la controversia es el proceso de licitación convocado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), identificado como INTRANT-CCC-LPN-2025-01.
Según la documentación presentada por Dekolor, las empresas señaladas habrían orquestado y patrocinado una falsificación y uso indebido de marca justo en el momento en que el Consorcio Mobility ID se presentaba como único oferente.
La esencia de la querella radica en una supuesta alteración de los requisitos técnicos del pliego de condiciones.
El corazón de la acusación: la impresora fantasma
El punto medular del alegato de Dekolor se centra en la impresora láser modelo CLM600. La instancia judicial sostiene que las empresas querelladas manipularon los requisitos de la licitación al adjudicar su fabricación a GET Group International y, lo que es crucial, al afirmar falsamente que el equipo se produce en Italia.
Los accionantes insisten en que se trata de una flagrante falsificación. La supuesta planta de fabricación italiana mencionada por el consorcio Mobility ID, alegan, “no existe en territorio italiano”. Si esta afirmación se comprueba, implicaría un fraude directo a la fe pública de la licitación dominicana.
El documento depositado en la Cancillería Consular no deja margen a la ambigüedad sobre las implicaciones en el derecho penal europeo. La referencia al artículo 473 del Código Penal Italiano subraya que el delito atenta contra la fe pública en un sentido objetivo, es decir, vulnera la confianza de los ciudadanos en las marcas y signos distintivos que garantizan la calidad y originalidad de los productos industriales.
Dekolor argumenta que, al introducir en un concurso público una impresora con un origen de fabricación falso y sin la debida autorización del supuesto productor, se configura de manera inequívoca el delito penal de falsificación de marca.
Transparencia y orden económico
La acción legal también se apoya en los artículos 515 y 517 del Código Penal Italiano, normas diseñadas para proteger el leal ejercicio de la actividad comercial y la regularidad del orden económico. Esto se traduce en la defensa de la transparencia del mercado y la fiabilidad que los consumidores (y en este caso, una entidad pública) deben tener sobre las mercancías en circulación.
Mediante una nota de prensa, la empresa querellante confirmó que su abogado, Luca Barotini, del Foro de Génova, ya tiene el mandato de iniciar un proceso de investigación que puede conducir a un sometimiento penal formal contra las empresas Consorcio Mobility ID, Midas Dominicanas y GET Group International. La justificación de la jurisdicción es que los hechos denunciados fueron, al menos parcialmente, cometidos en territorio italiano.
Es importante destacar que este movimiento legal en Roma sigue a una acción similar en República Dominicana. A principios de octubre, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó una denuncia-querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), también por presuntas irregularidades en este mismo proceso de licitación del Intrant.
Ahora, con el caso escalando a la justicia italiana, la complejidad y el riesgo legal para las empresas involucradas se incrementan notablemente.

