La red alerta sobre posibles patrones discriminatorios en el CNM
La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) encendió las alarmas este jueves tras la denuncia pública de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, quien cuestionó su no ratificación como jueza de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La organización considera que los señalamientos ameritan una revisión urgente por parte de organismos especializados en derechos humanos y género.
Jiménez Ortiz, con más de dos décadas en el Poder Judicial y evaluaciones públicas sobresalientes, envió una carta al CNM en la que expone irregularidades en el proceso de evaluación. Según su testimonio, se utilizaron criterios subjetivos, percepciones personales y argumentos sin sustento normativo para justificar su exclusión. ROI, que ya había advertido sobre la falta de transparencia en las deliberaciones del Consejo, respalda estas preocupaciones y denuncia la ausencia de motivación suficiente en decisiones de alto impacto institucional.
Pero lo que más inquieta a la red es el patrón que, según la magistrada, ha afectado históricamente a mujeres con trayectoria judicial destacada. Jiménez Ortiz habla de campañas de descrédito, criterios discrecionales y falta de garantías para proteger la independencia judicial. ROI advierte que estas prácticas podrían constituir formas de discriminación estructural, contrarias a los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad.
Ante este panorama, la organización hace un llamado al Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y al Ministerio de la Mujer para que examinen el caso desde una perspectiva técnica. El objetivo: determinar si existe un patrón discriminatorio en los procesos de evaluación y permanencia en las altas cortes, y qué riesgos representa para la autonomía de las mujeres en la justicia.
ROI insiste en que la evaluación de jueces y juezas debe ser un mecanismo para fortalecer la eficiencia judicial, no una herramienta de presión política. Y recuerda que la independencia judicial y la igualdad de género no son negociables.
La red, integrada por INTEC, Participación Ciudadana, la Fundación Friedrich Ebert, Foro Ciudadano y CIPAF, reafirma su disposición a colaborar con las instituciones para garantizar un sistema de justicia transparente, legal y respetuoso de los derechos fundamentales.
