La entidad respalda la normativa histórica que fija un salario mínimo y defiende la justicia social.
SANTO DOMINGO. La lucha por la justicia social y la equidad laboral tiene ahora su escenario en el Tribunal Constitucional (TC). El Ministerio de la Mujer acudió este martes al alto tribunal para prestar su respaldo técnico incondicional a los sindicatos de trabajadoras domésticas, quienes defienden la constitucionalidad de la Resolución No. CNS-11-2022 del Comité Nacional de Salarios.
Esta resolución, emitida en agosto de 2022, representa un hito histórico en materia de derechos laborales en el país, al establecer por primera vez una tarifa de salario mínimo nacional para un sector históricamente relegado y mayoritariamente femenino.

La institución recordó que esta normativa no es solo una medida de justicia social interna, sino un mandato directo del Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, ratificado por el Estado dominicano en 2013. Este compromiso internacional obliga a todas las entidades públicas a garantizar condiciones laborales justas, equitativas y no discriminatorias para este sector.
El Ministerio de la Mujer fue enfático al argumentar que la Resolución No. CNS-11-2022 no vulnera en absoluto la Constitución. Por el contrario, al reconocer la dignidad del trabajo doméstico, la normativa impulsa un avance hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, un pilar fundamental del marco legal dominicano.
La entidad reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los tratados internacionales y expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional sentará una jurisprudencia garantista que fortalezca la protección de las trabajadoras domésticas.
Cifras que justifican la lucha
La urgencia de esta defensa se entiende mejor con las cifras. De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENFT), más del 90% de quienes laboran en el servicio doméstico son mujeres. Peor aún, más del 80% carece de un contrato formal y, por ende, de seguridad social.
Pero la precariedad no termina ahí: en promedio, las trabajadoras domésticas perciben ingresos que son hasta tres veces inferiores al salario mínimo establecido para otros sectores productivos del país.
Es precisamente esta brecha salarial y la histórica exclusión del sector lo que subraya la importancia de esta iniciativa. El compromiso del Ministerio de Trabajo, al impulsar la tarifa salarial, y la defensa activa del Ministerio de la Mujer en el TC buscan terminar con esta desigualdad estructural, dignificando una labor esencial para la sociedad y asegurando que las trabajadoras de este sector reciban una remuneración que les permita una vida digna.

