DGII y DGCP unifican criterios para pagos del Estado, buscando máxima trazabilidad y eficiencia administrativa.
SANTO DOMINGO.-¿Un cerco digital a la corrupción? La factura electrónica entra a regir el gasto público según lo acordado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que han dado un paso decisivo hacia la modernización del Estado y la trazabilidad del gasto.
Así, ambas entidades emitieron una circular conjunta que, a partir de ahora, hace obligatoria la emisión de facturas electrónicas para todos los pagos derivados de los procedimientos de contratación pública.
La medida no es un simple cambio administrativo; es una maniobra con impacto directo en la eficiencia gubernamental y, fundamentalmente, en la lucha contra la corrupción.
Durante el acto de firma de la circular, el director de la DGII, Luis Valdez Veras, explicó que este paso consolida la coordinación interinstitucional y da cumplimiento a lo establecido en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica y la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.
Valdez Veras recordó que actualmente 611 grandes contribuyentes ya tienen la obligación de emitir comprobantes fiscales electrónicos en todas sus operaciones, incluyendo aquellas con instituciones del Estado.
Con esta circular, la obligatoriedad se extiende de manera uniforme a todas las entidades públicas, que deberán exigir y gestionar la factura electrónica en el 100% de sus procesos de compras y contrataciones.
“Se trata de un paso importante porque dispone que todas las entidades públicas deberán incluir en sus pliegos de condiciones los requisitos sobre contratación y pago de servicios, garantizando así el cumplimiento de los plazos y procesos establecidos por esta ley”, enfatizó el director de la DGII.
Transparencia y rendición de cuentas
Por su parte, Carlos Pimentel Florenzán, director de la DGCP, afirmó que la implementación de la factura electrónica en las contrataciones es un paso firme hacia una gestión más transparente, eficiente y trazable del gasto público.
“Con esta medida fortalecemos la rendición de cuentas, facilitamos la interoperabilidad entre las instituciones y contribuimos a una Administración pública más moderna y responsable con los recursos del Estado”, expresó Pimentel, destacando el valor de la nueva normativa en el marco de los estándares internacionales de gobernanza.
La circular instruye directamente a las instituciones contratantes para que, en la sección de "Condiciones de Pago y Retenciones" de sus pliegos de condiciones, exijan formalmente la factura electrónica a sus proveedores. Esto es indispensable para tramitar el pago correspondiente a cualquier bien, servicio u obra contratada.
Ambas instituciones hicieron un llamado a los proveedores del Estado para que regularicen su estatus ante la DGII y soliciten la autorización necesaria como emisores electrónicos.
La medida subraya la necesidad de que tanto las instituciones contratantes como los proveedores aseguren la correcta emisión y recepción de los documentos, conforme a la normativa vigente. La circular ya está disponible para consulta en el portal institucional de la DGCP.