El Parlamento avala la reforma clave con boicot opositor, blindando al jefe del Ejército.
MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -El tablero político de Pakistán se movió con estruendo este miércoles. En una jornada marcada por la tensión y el boicot de la oposición, el Parlamento dio luz verde a una enmienda constitucional que, en la práctica, redibuja el mapa de poder del país: amplía significativamente las atribuciones del jefe del Estado Mayor del Ejército y, a la par, pone un freno considerable a las competencias del Tribunal Supremo.
La votación fue tan clara como polarizada. Con el primer ministro Shehbaz Sharif presente, el texto fue aprobado con 234 votos a favor y solo cuatro en contra. El resultado no sorprende si se considera que el principal partido opositor, el Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), decidió abandonar el hemiciclo, una protesta que culminó con algunos legisladores rompiendo copias del texto legal en un gesto de abierta confrontación.
El Ejército, un poder aún más blindado
Esta reforma, impulsada desde el establishment, introduce ocho cláusulas nuevas respecto a la versión aprobada en el Senado apenas dos días antes. Su impacto más visible recae sobre la cúpula militar.
El actual jefe del Ejército, Asim Munir, ascenderá a un cargo de nueva creación, el de jefe de las Fuerzas de Defensa, asumiendo formalmente el mando directo de la Armada y la Fuerza Aérea. Pero el verdadero blindaje llega al finalizar su periodo: conservará sus títulos y gozará de inmunidad de por vida, un privilegio que le otorga una posición de poder inaudita en la vida civil y política del país.
Desde el bando oficialista, la maniobra se presenta como un ejercicio de unidad. El primer ministro Sharif defendió la aprobación ante la Asamblea Nacional, asegurando que se habían llevado a cabo "amplias consultas" y que la cámara había demostrado una "notable unidad", según recogió Geo TV.
La Justicia pierde terreno
No obstante, el cambio más delicado para el equilibrio de poderes se centra en el ámbito judicial. Las enmiendas tienen un efecto directo sobre el poder de control ejercido por el Tribunal Supremo, una institución que en los últimos años ha sido una piedra en el zapato de varios gobiernos, llegando incluso a bloquear políticas e, históricamente, a destituir a primeros ministros.
A partir de ahora, los casos constitucionales más sensibles pasarán a ser competencia de un nuevo tribunal constitucional federal. La clave está en la designación: serán jueces elegidos directamente por el gobierno.
Este movimiento es visto por muchos analistas como una vía para neutralizar las sentencias adversas del alto tribunal, asegurando que las decisiones cruciales sobre la arquitectura del Estado se mantengan dentro de la órbita del poder ejecutivo. La aprobación, en definitiva, consolida un poder militar y político que se asegura un margen de maniobra sin precedentes, a costa de la supervisión judicial.
