Entre los casos figuran impugnaciones al nuevo Código Penal, leyes económicas y decretos laborales
El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana dejó este martes en estado de fallo un total de 17 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, tras una audiencia pública encabezada por su presidente, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, en la sede de la alta corte.
Durante la sesión, el pleno de jueces escuchó argumentos de ciudadanos, fundaciones, empresas y entidades que cuestionan la constitucionalidad de diversas leyes, decretos y resoluciones emitidas por órganos del Estado. Al concluir, los magistrados dispusieron que todos los casos quedaran pendientes de decisión definitiva.
Entre los expedientes más destacados figura el TC-01-2025-0020, presentado por la Asociación Dominicana de Protección de Datos (ADPD), que impugna el artículo 56, literal A, de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, por considerar que vulnera derechos fundamentales relacionados con la privacidad y la gestión de información financiera.
También fue dejado en estado de fallo el TC-01-2025-0037, sometido por Wilkin Antonio Moreno Abreu, quien ataca la Ley 45-25, que dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El demandante sostiene que la norma viola principios de autonomía institucional y contraviene disposiciones constitucionales sobre la estructura del Estado.
Otro grupo de expedientes está vinculado al nuevo Código Penal (Ley Orgánica 74-25), aprobado en agosto de 2025 y aún pendiente de aplicación. La Fundación para la Promoción de Estudios Legales (FUNPREL) y el jurista Manuel Alejandro Bordas Nina cuestionan el artículo 310, mientras que otros accionantes atacan artículos adicionales —entre ellos los números 47, 48, 49, 299 y 352— alegando que tipifican delitos o establecen sanciones contrarias a la Carta Magna.
A ellos se suma el expediente TC-01-2025-004, presentado por Yoelkis Berenice Pacheco Salazar, quien impugna varios artículos del Código Civil relacionados con el matrimonio y los derechos de familia.
En materia económica y laboral, el TC-01-2025-0051, introducido por las empresas RIR Ingeniería, Inversiones CORMAC y Élite Ingeniería, cuestiona la Ley 6-86, que impone un aporte del 1 % del valor de todas las obras de construcción para un fondo de pensiones y servicios sociales del sector. Los demandantes alegan que esa disposición crea una carga tributaria inconstitucional.
Asimismo, Luis Manuel Vílchez Bournigal interpuso los expedientes TC-01-2025-0039 y TC-01-2025-0044, en los que impugna las resoluciones CNS-01-2025 y CNS-02-2025, emitidas por el Comité Nacional de Salarios, sobre aumentos al salario mínimo general y al salario de trabajadores domésticos. En ambos casos, el TC rechazó solicitudes de aplazamiento y dejó los procesos listos para fallo.
Entre las acciones más llamativas figura la presentada por Luis Alberto Rosario Ventura (TC-01-2025-0036), quien pide declarar inconstitucional el Decreto 162-25, que crea el Fideicomiso Público del Teleférico de Puerto Plata, alegando falta de control legislativo en su constitución.
También fueron conocidos los casos TC-01-2025-0040, interpuesto por la empresa MUSVAR, S.R.L., contra una disposición del reglamento de clasificación de restaurantes, y el TC-01-2025-0042, de Alejandro Alberto Paulino Vallejo, quien objeta una resolución judicial que autoriza el uso de medios digitales en tribunales por supuestos riesgos de seguridad.
El expediente TC-01-2025-0043, del ciudadano Héctor Manuel Romero Pérez, impugna artículos del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público, mientras que el TC-01-2025-0045, presentado por José Ernesto Melo Guerrero, ataca una ordenanza del Concejo de Regidores de San Francisco de Macorís sobre normativas municipales.
Finalmente, el TC-01-2025-0050, interpuesto por Víctor Eddy Mateo Vásquez, cuestiona el Decreto 308-06, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en horarios nocturnos. El accionante sostiene que la medida vulnera derechos económicos y libertades ciudadanas.
En total, los once jueces del Pleno —entre ellos Miguel Aníbal Valera Montero, Eunisis Vásquez Acosta, Domingo Gil, Fidias Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Amaury A. Reyes Torres— participaron en la audiencia.
Ahora, los expedientes quedan “en estado de fallo”, lo que significa que el Tribunal Constitucional deliberará internamente antes de emitir sentencias definitivas en las próximas semanas. Estas decisiones, una vez publicadas, podrían tener impacto directo en leyes claves del orden económico, penal y administrativo del país.
