La defensa de Kimberly Zayas Martínez denuncia que el Ministerio Público la acusa por simples aportes familiares
SANTO DOMINGO. — El Caso Calamar, uno de los expedientes de corrupción más voluminosos del Ministerio Público (MP), ha puesto en el ojo del huracán a Kimberly Zayas Martínez, una joven estudiante de Odontología de apenas 19 años. Su inclusión en el proceso penal se debe a una serie de modestos aportes familiares que, según su defensa, han sido magnificados sin sustento legal para engrosar la lista de imputados.
El pasado jueves, durante la fase preliminar ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, el abogado de la estudiante, Carlos Moreno,cuestió la acusación, poniendo en evidencia la desproporción y la falta de pruebas en el caso de su defendida. La única "transacción sospechosa" de la joven habría sido recibir fondos de su hermano para cubrir sus gastos universitarios.
Una acusación sin sustento legal
El abogado Moreno fue categórico al señalar que la imputación por lavado de activos no solo carece de pruebas, sino que ignora flagrantemente la normativa vigente. Argumentó ante el tribunal que los montos recibidos por Zayas están muy por debajo de los umbrales mínimos establecidos para considerar una operación como sospechosa.
“La vida de una joven fue trastocada por transacciones que ni siquiera rozan los parámetros de operación sospechosa, que inician en los US$10,000. Estamos hablando de una acusación formulada sin cumplir la normativa, solo para engrosar un expediente”, declaró Moreno, criticando la fragilidad de la postura del Ministerio Público.
El jurista subrayó que en las cuentas de la joven no existe ningún rastro de ingresos directos relacionados con las fraudulentas cesiones de crédito por pagos de expropiación, que son el eje central del esquema de corrupción del expediente Calamar.
Cifras de la discordia
Para poner en perspectiva la debilidad de la acusación, la defensa detalló las cifras que han judicializado la vida de la estudiante:
- Total recibido en 5 años: RD$675,000.
- Promedio mensual: Apenas RD$11,250.00.
Los fondos, según la defensa, cubrían gastos esenciales como matrícula, transporte y materiales académicos para la carrera de Odontología. Se trata de operaciones mínimas, a veces de tan solo RD$5,000, bancarizadas y con origen familiar trazable, que han sido elevadas al nivel de crimen organizado.
El abogado Moreno concluyó que el verdadero motivo detrás de la inclusión de la universitaria, que engrosa la lista de 48 imputados, es su vínculo familiar con Edwin Brito Martínez, su hermano, quien sí figura como uno de los autores de las cesiones de crédito fraudulentas.
“Se ha utilizado la vida de una estudiante como peón en una compleja partida legal y sesgada,” sentenció Moreno, subrayando que la maniobra del MP solo ha servido para evidenciar una mala formulación de la acusación.
