Operación Búho destapó red que afectó a más de 360 personas con maniobras financieras
Santo Domingo.- El Ministerio Público ha solicitado al Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste que se abra juicio contra los implicados en el escandaloso caso de fraude financiero desmantelado por la Operación Búho. La audiencia preliminar se celebró este viernes, y será el próximo 21 de noviembre cuando el juez Joan Rodríguez emita su decisión sobre si procede o no llevar a juicio a los acusados.
La acusación gira en torno a una presunta red criminal que operaba desde la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), y que habría desfalcado más de RD$2,500 millones, afectando directamente a 366 personas. El expediente del Ministerio Público detalla cómo los implicados simulaban préstamos, emitían certificados financieros sin respaldo y realizaban otras maniobras para desviar los fondos de los ahorrantes.
Entre los acusados figuran Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa. También se incluye a Pedro Eligio Bonilla, declarado en rebeldía, y varias empresas vinculadas al esquema fraudulento.
Durante la audiencia, los fiscales Jonathan Pérez Fulcar (Pepca) e Yrcania Ibelice Casado Pimentel (Fiscalía de Santo Domingo Oeste) presentaron una batería de pruebas que incluye documentos, testimonios, informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y del Registro de Títulos, además de evidencias materiales y periciales. El Ministerio Público también solicitó el decomiso de bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, certificados financieros y otros activos que, según la acusación, fueron adquiridos con dinero proveniente del fraude.
La Operación Búho, lanzada el 4 de octubre de 2023, fue el resultado de una investigación de varios meses que involucró a más de 20 fiscales, 100 agentes policiales y unidades especiales. El operativo se llevó a cabo tras denuncias del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y de ciudadanos afectados, y culminó con el arresto de los principales directivos de Coop-Herrera. En el proceso, se incautaron propiedades de lujo, embarcaciones y vehículos, todos presuntamente adquiridos con fondos ilícitos.
Este caso ha sido uno de los más sonados en el país en materia de corrupción financiera, y ha servido como ejemplo de cómo el Estado puede articular esfuerzos para combatir el crimen organizado en el sector cooperativo.
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El país espera con atención el fallo del juez Rodríguez. Si se aprueba la apertura a juicio, se abrirá un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción, y se pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para responder con firmeza ante delitos que afectan directamente el bolsillo y la confianza de cientos de dominicanos.
