Desde el 7 de noviembre, más de 250 mil pierden el TPS y caen en la incertidumbre migratoria.
NUEVA YORK.-La medianoche del 7 de noviembre marcó un antes y un después para unos 250,000 venezolanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Con la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS), este grupo pasó automáticamente a la categoría de indocumentados, sin posibilidad inmediata de ajustar su situación migratoria.
A la pérdida del beneficio se suma un obstáculo que agrava la tragedia: no hay consulados venezolanos operativos en Estados Unidos desde 2019, lo que deja a miles sin pasaporte y sin forma de salir legalmente del país. Una trampa burocrática que convierte la idea de “auto deportarse” en una misión imposible.
La historia de Mildred Camero, de 35 años, resume el drama colectivo. Vive en El Bronx desde 2021, se acogió al TPS y no aplicó a ningún otro estatus. Con su permiso de trabajo vencido desde la medianoche del viernes, perdió su empleo y teme ser detenida. Quiere irse voluntariamente, pero su pasaporte —extraviado y vencido— la mantiene inmovilizada.
“No quiero vivir con miedo, pero tampoco puedo irme. No tengo documentos válidos y no puedo ni abordar un vuelo doméstico”, cuenta. Mildred evalúa salir por tierra vía Texas, aunque reconoce que ni siquiera esa ruta está libre de riesgos.
En situaciones similares se encuentran cientos de venezolanos que perdieron sus papeles al cruzar la frontera o durante procesos de detención. Sin pasaporte ni recursos para tramitarlo en otro país, quedan varados en un limbo legal.
Según el Foro Nacional de Inmigración (Forum), unos 98,000 venezolanos con TPS residen en el área triestatal de Nueva York. Aunque no hay cifras precisas, los activistas estiman que muchos ya han abandonado el país por miedo a las redadas o la pérdida de empleo. En estados como Florida y Texas, donde las autoridades locales cooperan con ICE, el ambiente es de ansiedad permanente.
“Cada caso es único y debe evaluarse con un abogado antes de tomar decisiones drásticas”, advierte Niurka Meléndez, vocera de Venezuelan and Immigrants Aid (VIA), una organización con sede en Manhattan. Asegura que la cancelación del TPS abre “un capítulo muy difícil” para quienes buscan quedarse o marcharse voluntariamente.
El fundador de VIA, Héctor Arguinzones, señala que el derecho a la identidad es hoy el mayor muro. “Muchos no pueden renovar su pasaporte ni pagar los costos para viajar a un tercer país. Es un laberinto de obstáculos económicos y legales”, lamenta.
La situación se agrava porque algunos países como Colombia o México exigen documentos vigentes para recibir migrantes, y extender un pasaporte venezolano puede costar miles de dólares.
Mientras tanto, la Corte Suprema ratificó la decisión de la Administración Trump de revocar el TPS para venezolanos, nicaragüenses, hondureños y haitianos. Un portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, justificó la medida alegando que “permitir su permanencia temporal no responde al interés nacional”.
Solo un pequeño grupo que renovó su TPS entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025 conservará su documentación hasta octubre de 2026.
Para la mayoría, el panorama es incierto. Sin trabajo, sin documentos y sin país que los reciba, los venezolanos quedan atrapados entre fronteras invisibles, intentando sobrevivir a un sistema que los ha dejado sin identidad, sin refugio y sin rumbo.
