Destaca junto a autoridades que las nuevas leyes impulsan transparencia y responsabilidad pública
SANTO DOMINGO. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el país entra en una nueva etapa de fortalecimiento institucional con la entrada en vigor, el próximo año, de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y el nuevo Código Penal, dos normas que —dijo— ofrecerán herramientas más eficaces para combatir la corrupción y erradicar la impunidad.
Reynoso encabezó un conversatorio en la sede de la Procuraduría General de la República junto al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó Haza; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; y el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. El encuentro, presentado por Ulises Morlas, director jurídico del MICM, se desarrolló bajo el título “Protegiendo lo nuestro con integridad”, y tuvo como eje central las reformas legales que apuntalan la transparencia en la gestión pública.
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Durante su intervención, Reynoso explicó que el nuevo Código Penal (Ley 74-25) introduce una figura inédita en la legislación dominicana: la responsabilidad penal de la persona jurídica. “Las empresas serán responsables ante la ley. Si participan en sobornos o actos de corrupción, podrán ser sancionadas con multas, cierre provisional, inhabilitación como proveedor del Estado o, en casos graves, con la disolución total”, advirtió.
Subrayó que el marco jurídico anterior solo permitía perseguir a una empresa en casos de lavado de activos, pero ahora la acción penal se amplía a todos los delitos. “Esto cambia el panorama para el sector privado, que deberá reforzar sus prácticas de cumplimiento si quiere seguir contratando con el Estado”, añadió.
Sobre los servidores públicos, Reynoso fue tajante: “Tener dinero no es delito, pero hay que demostrar su origen. Si no se puede probar, se incurre en enriquecimiento ilícito, y la sanción es la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos”.
En ese mismo tono, el ministro Víctor Bisonó Haza destacó que las reformas representan una oportunidad para elevar la ética y la calidad del servicio público. “El nuevo Código Penal es un pilar de conducta institucional y una guía para servir con excelencia, inspirando a las futuras generaciones de dominicanos”, sostuvo.
Bisonó recordó que el Ministerio de Industria y Comercio ha impulsado la certificación ISO 37001 de Gestión Antisoborno y la ISO 37301 de Cumplimiento Normativo, extendiendo esas buenas prácticas a las 13 instituciones adscritas al MICM. “Nuestro objetivo es que cada colaborador viva los valores de la ética y el cumplimiento”, afirmó.
Por su parte, Milagros Ortiz Bosch valoró el conversatorio como un ejercicio cívico de orientación. “Estamos ante una ley moderna, con tipos penales que responden a realidades nuevas: delitos tecnológicos, ambientales y otros que afectan a la sociedad actual”, expresó.
Mientras tanto, Carlos Pimentel insistió en la importancia de que los servidores públicos conozcan las nuevas normativas. “Las responsabilidades son individuales. Por eso, el Gobierno y la Procuraduría están empeñados en capacitar a todo el personal del Estado en el contenido de estas leyes”, explicó.
En su presentación, Ulises Morlas resaltó la cooperación interinstitucional para enfrentar los ilícitos económicos. Recordó que desde 2021, la llamada Mesa de Ilícitos ha decomisado e incinerado más de 155 millones de unidades de productos adulterados, como tabaco, alcohol y medicamentos.
Además, celebró la creación del Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual, que contribuyó a sacar a la República Dominicana de la Lista de Vigilancia de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos después de 28 años.
Morlas también destacó los avances en el control del sector de los hidrocarburos, donde las sanciones impuestas por irregularidades suman más de 30 millones de pesos entre multas voluntarias y forzosas.
El encuentro cerró con un mensaje unánime: las nuevas leyes no solo actualizan el marco jurídico dominicano, sino que consolidan la cultura de integridad y rendición de cuentas como base del desarrollo institucional del país.
