El Ejecutivo busca un equilibrio pragmático en el desmonte de plásticos y la gestión de la basura.
SANTO DOMINGO. – La esperada Ley sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos ha vuelto al Congreso, pero no como una simple promulgación. El presidente Luis Abinader la ha devuelto al Senado con una serie de observaciones fundamentales, buscando un equilibrio pragmático entre la protección ambiental y la garantía de la libre competencia en el país.
El meollo del asunto, según el mandatario, reside en garantizar que la transición hacia la sostenibilidad no estrangule a la pequeña y mediana empresa. En una misiva fechada el 3 de noviembre y dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, Abinader explica que las correcciones se sustentan en la necesidad de evitar prácticas monopólicas y en el impulso de prácticas industriales sostenibles.
La prórroga del foam y el plástico
La observación más notoria atañe a la prohibición del foam (poliestireno expandido) y de los plásticos de un solo uso. Aunque la ley original establecía un plazo de desmonte, el Ejecutivo lo ha ajustado en ciertos casos por una simple razón de mercado: la falta de sustitutos económicamente viables.
Se mantiene un plazo de 12 meses para el desmonte general de plásticos de un solo uso y de foam. Sin embargo, se ha concedido una extensión de 24 meses para los populares platos con tapas integradas, conocidos como “laptop”, y para las bandejas.
La lógica es que, sin una alternativa que compita en precio y funcionalidad, una prohibición inmediata castigaría injustamente a los negocios de comida.
En una medida más inmediata, el Gobierno prohíbe la importación de calimetes, tenedores, cuchillos, cucharas y tapas plásticas que no sean biodegradables a solo 60 días de la promulgación de la ley.
Además, se fija un período de 12 meses para que los comercios empiecen a cobrar las fundas plásticas que no sean biodegradables, obligándolos a realizar campañas de sensibilización para promover el uso de bolsas reutilizables.
Modificaciones en la gestión y la autonomía municipal
Las observaciones presidenciales no se limitan al plástico. También tocan aspectos esenciales de la operatividad y la estructura legal de la gestión de residuos:
- Regulación Territorial: Se reformulan los criterios para instalar estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización. El Ejecutivo busca eliminar las restricciones geográficas, permitiendo su habilitación siempre que se cumplan las distancias mínimas de seguridad, liberando así la planificación de proyectos de infraestructura de residuos.
- Autonomía Local: Un punto delicado tiene que ver con la autonomía municipal. A juicio del Poder Ejecutivo, la ley, tal como fue aprobada, transgrede competencias constitucionales de los ayuntamientos en torno al uso de suelo, un aspecto fundamental que debe respetarse.
- Contratos y Tarifas: Se reduce el plazo mínimo de duración y renovación de los contratos de operación con los gestores autorizados, alineándolos con las normas internacionales de competencia económica. Respecto al pago a gestores, se mantiene la tarifa base, pero se habilita al Fideicomiso DO Sostenible a determinar anualmente el monto mediante una fórmula que considere la inflación, devaluación y los costos operativos reales.
Con esta acción, Abinader reafirma su respaldo al espíritu de la Ley 225-20, pero exige ajustes quirúrgicos que le den viabilidad económica y legal. Ahora la pelota regresa al Senado, que, según el artículo 102 de la Constitución, deberá discutir de nuevo la ley en única lectura.
Para vencer la observación presidencial, ambas cámaras necesitarán la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, un umbral que elevará la tensión del debate legislativo.