Ambas partes firman acuerdos de colaboración para verificar el patrimonio de funcionarios y fortalecer la ética pública.
SANTO DOMINGO. La lucha contra la opacidad en la gestión pública ha recibido un impulso crucial con la firma de un convenio de colaboración entre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y el Consejo del Poder Judicial (CPJ). El objetivo central es regular el intercambio y la validación de datos registrales de inmuebles, una pieza fundamental para verificar la exactitud de las declaraciones juradas de patrimonio que presentan los funcionarios, tal como exige la Ley núm. 311-14.
El acuerdo, suscrito por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Dra. Emma Polanco Melo, y el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías, busca garantizar la integridad, exactitud y confiabilidad de la información patrimonial, pilares esenciales para una gestión transparente y ética.
Durante la ceremonia, la Dra. Polanco Melo destacó el pacto como una "muestra concreta de cooperación interinstitucional en favor del interés nacional", que marca un paso decisivo hacia la modernización y digitalización de los procesos.
Subrayó que, con esta alianza, se fortalecen los lazos y se reafirma el compromiso de trabajar por una administración pública y de justicia más cercana a la ética que exige la sociedad dominicana.
La relación 'Ganar-Ganar' de la interoperabilidad
Por su parte, el magistrado Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, calificó el acuerdo como un acto de compromiso y un avance significativo para el fortalecimiento del Estado de derecho.
"Este acuerdo significa que existe una relación horizontal de intercambio de información y conocimiento, tanto desde el Poder Judicial como desde la Cámara de Cuentas. Es una relación ganar-ganar", expresó Molina, enfatizando la importancia de esta coordinación en la era digital.
El convenio establece compromisos claros por parte del Poder Judicial. El CPJ deberá establecer un canal seguro de interoperabilidad que permita a la Cámara de Cuentas consultar los registros de propiedad y gravámenes inscritos en el Registro Inmobiliario (conforme a la Ley núm. 108-05).
Además, se proveerá un medio digital para que la CCRD pueda solicitar certificaciones exentas del pago de tasas, simplificando y abaratando el proceso de auditoría.
Ambas instituciones también desarrollarán un marco colaborativo para el intercambio de conocimientos en transformación digital. Esto incluye la habilitación de medios tecnológicos que permitan a la Cámara de Cuentas realizar auditorías digitales y en línea al Poder Judicial, garantizando la eficiencia en el control.
A su vez, la Cámara de Cuentas se compromete a limitar el acceso a esta información a usuarios estrictamente autorizados y a utilizar los datos intercambiados de manera exclusivamente institucional, asumiendo la responsabilidad de mantener actualizados los modelos y formatos de intercambio.
Educación ética y fortalecimiento técnico
En un segundo acto de la jornada, la Cámara de Cuentas firmó otro acuerdo con la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ). Este convenio se enfocará en el desarrollo de programas de capacitación, talleres y diplomados para fortalecer las capacidades técnicas y éticas del personal de la CCRD.
Ambos acuerdos, que entran en vigor de inmediato, son una clara señal de que las instituciones están invirtiendo en tecnología y ética como los pilares para una gestión más limpia y eficiente, en sintonía con las prioridades nacionales de modernización del Estado.
