La DGCP aclara que las compras rápidas por crisis mantienen controles estrictos y trazabilidad
SANTO DOMINGO.- A propósito de las recientes adquisiciones realizadas tras el impacto de la tormenta tropical Melissa, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha salido al paso para aclarar un punto fundamental: usar la modalidad de excepción de emergencia no es sinónimo de ausencia de controles.
El órgano rector fue enfático este martes al asegurar que, aunque los plazos se acorten drásticamente, las instituciones estatales sujetas a la Ley 340-06 deben agotar las mismas fases formales de un proceso ordinario. La rapidez que demanda una crisis no implica, bajo ningún concepto, discrecionalidad.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, subrayó esta premisa: la celeridad en situaciones críticas debe ir de la mano con la rendición de cuentas y el respeto estricto al marco normativo. "Actuar rápido no significa saltarse las reglas: significa aplicarlas correctamente para proteger el interés público", destacó Pimentel, buscando despejar cualquier duda sobre la transparencia en las compras post-desastre.
La ruta rápida, pero controlada
La DGCP recordó que los procesos de emergencia se activan únicamente cuando el Estado necesita una respuesta inmediata ante situaciones extraordinarias, como desastres naturales, emergencias sanitarias o circunstancias que pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de la población, como ocurrió con el Decreto 627-25 tras el paso de la tormenta Melissa.
Un proceso de esta índole tiene una duración comprimida, oscilando entre 15 y 20 días desde la convocatoria hasta la adjudicación. Sin embargo, en ese breve lapso, se exige el cumplimiento de etapas formales indispensables que garantizan la trazabilidad, participación, competencia, publicidad y transparencia.
Todo inicia con el decreto presidencial que declara el estado de emergencia y autoriza a las instituciones a utilizar esta vía de excepción.
Posteriormente, la institución autorizada debe elaborar el requerimiento de compra y verificar de inmediato la disponibilidad de fondos. Luego, la máxima autoridad institucional debe delegar y autorizar formalmente al Comité de Compras y Contrataciones para que organice y ejecute el procedimiento.
El siguiente paso, crucial para la transparencia, es la elaboración y aprobación del pliego de condiciones, con sus especificaciones técnicas y criterios de evaluación, para su publicación y convocatoria a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
Criterios y adjudicación
Las fases finales son idénticas a las de cualquier concurso: recepción de ofertas técnicas y económicas, su evaluación rigurosa bajo los criterios preestablecidos, la adjudicación a la oferta más conveniente y, por último, la firma y el registro obligatorio del contrato en la Contraloría General de la República.
La institución precisó que son las entidades contratantes las que pueden definir los plazos mínimos entre la publicación y la presentación de ofertas, con el objetivo de garantizar la competencia, mientras que los tiempos para evaluación, subsanación, adjudicación y registro son de su responsabilidad directa.
La DGCP concluyó que su trabajo es fortalecer las capacidades institucionales para asegurar que cada peso gastado, ya sea en un proceso ordinario o en uno de excepción por emergencia, se realice con integridad y en beneficio de la ciudadanía dominicana.
