ROI cuestiona fundamentos y contradicciones en la no ratificación de tres jueces de la SCJ
SANTO DOMINGO.-La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) ha levantado una seria preocupación en torno a las recientes decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), específicamente la contenida en el Acta núm. 010-2025. El organismo civil ha cuestionado duramente los argumentos esgrimidos para no ratificar en sus cargos a tres importantes figuras de la Suprema Corte de Justicia (SCJ): los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón.
Según el documento oficial del CNM, la justificación para la no ratificación se centra en que "los resultados no alcanzan los estándares de idoneidad y desempeño exigidos".
Sin embargo, aquí es donde radica la fuerte objeción de ROI. La documentación pública sobre las evaluaciones técnicas que realizó el propio Consejo refleja valoraciones que, en aspectos como capacidad jurídica, ética profesional, independencia y cumplimiento de funciones, fueron catalogadas como excelentes.
Para ROI, esta incongruencia dramática entre las evaluaciones técnicas y la decisión final socava la objetividad y la transparencia que debe regir este tipo de procesos vitales para la institucionalidad.
Criterios ambiguos y posibles sesgos de género
Uno de los casos más llamativos es el del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz. El CNM apeló a su "proximidad a la edad de retiro" (75 años), un límite fijado por el artículo 151, numeral 2, de la Constitución. Si bien la edad es una causal atendible, ROI subraya una falta de coherencia: si ese era el criterio, el juez no debió haber sido sometido a la evaluación de desempeño en primer lugar.
Sostiene que el proceso está diseñado para valorar la calidad del trabajo, no para aplicar causales de retiro ya establecidas. La ironía es que el acta oficial no consigna la edad como el motivo de exclusión, lo que expone un uso discrecional y errático de los criterios.
A esto se suman las observaciones sobre la única mujer evaluada, la magistrada Pilar Jiménez Ortiz. ROI advierte que el cuestionamiento a sus posiciones jurídicas razonadas, reflejado en el acta, podría evidenciar sesgos preocupantes que amenazan directamente el principio de igualdad y la garantía de independencia judicial.
Al respecto indica que poner en tela de juicio posturas jurisdiccionales debidamente fundamentadas se percibe como una interferencia en la libertad de criterio judicial, sentando un precedente negativo para la justicia dominicana.
Transparencia en entredicho: la opacidad de los votos
Otro punto de quiebre para ROI es la opacidad en la toma de decisiones. Las actas no especifican quién emitió las opiniones ni los votos individuales de los integrantes del CNM. Esta omisión es grave, pues impide determinar las responsabilidades institucionales en una decisión de tan alta relevancia para la justicia nacional, vulnerando de lleno los principios de transparencia y rendición de cuentas.
La Red fue enfática al recordar que la evaluación de desempeño judicial no puede ser un instrumento discrecional para remover jueces. Su naturaleza debe ser técnica, objetiva y formativa, enfocada en mejorar la calidad de la justicia, y no en ejercer un control político o disciplinario. Cualquier otro uso pone en riesgo la independencia judicial y la confianza pública.
Finalmente, ROI —conformada por entidades clave como INTEC, Participación Ciudadana y Foro Ciudadano— reiteró su llamado al CNM a publicar las actas íntegras y de manera oportuna, consignando las evaluaciones completas, los fundamentos técnicos y, crucialmente, la postura y los votos individuales de cada uno de sus integrantes.
Solo así se puede garantizar que las decisiones respondan a estándares verificables de mérito y equidad, y no a la sombra de la discrecionalidad, añadió la entidad.
