Ex empleado penitenciario irá a juicio por estafa mientras otro hombre enfrenta prisión por herir a una niña
SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El Ministerio Público del Distrito Nacional mantiene bajo la lupa dos casos de alto impacto social y judicial: uno por estafa contra el Estado y otro por un acto de violencia que dejó a una niña de nueve años gravemente herida en el sector Capotillo.
Por un lado, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente conocerá este miércoles la solicitud de prisión preventiva contra John Lariel Báez Álvarez, alias John 42, acusado de herir de bala a una menor de edad durante un confuso incidente ocurrido el pasado 29 de octubre en la calle Respaldo 16, esquina 42, de Capotillo.
De acuerdo con la acusación, Báez Álvarez disparó un arma de fuego desde el segundo nivel de su vivienda en medio de una riña originada por una apuesta entre su padre, Juan Pablo Báez, conocido como Juan Pablo Sport, y tres jóvenes del sector. El proyectil impactó en la espalda a la niña, causándole una lesión medular que la dejó sin movilidad en las piernas.
El Ministerio Público sostiene que el imputado representa peligro de fuga y ha solicitado la medida de coerción más severa, mientras califica los hechos como tentativa de homicidio y violación a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Báez Álvarez fue arrestado un día después del suceso, tras entregarse a las autoridades.
La investigación señala que el padre del imputado entregó voluntariamente el arma utilizada, una pistola 9 milímetros marca Super, la cual fue remitida al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis.
En otro frente judicial, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra Antonio Beato Dionicio, ex encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), acusado de estafar a varias empresas mediante la simulación de compras institucionales.
La acusación, sustentada en 112 páginas y más de un centenar de pruebas, fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, quienes lograron que el tribunal admitiera todas las pruebas y reconociera la condición de víctimas a las empresas afectadas.
Según la investigación, Beato Dionicio utilizaba el nombre del Ministerio Público y de la DGSPC para crear documentos falsos y adquirir mercancías que posteriormente revendía. El juez Reymundo Mejía calificó los hechos como falsedad en escritura pública, prevaricación y estafa, delitos sancionados por los artículos 145, 146, 148 y 405 del Código Penal.
El ex funcionario continuará en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Hombres, medida que el juez decidió mantener al señalar que “no existen insumos para ponerlo en libertad”.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 26 de noviembre, mientras las autoridades judiciales determinarán qué tribunal conocerá el juicio de fondo.
Ambos casos evidencian —en distintos planos— la firmeza del Ministerio Público en la persecución del crimen, sea por corrupción o por violencia armada, dos flagelos que golpean con fuerza a la sociedad dominicana.
