La Justicia de EEUU anula la prueba de ciudadanía para votar y presiona por fondos de ayuda social.
NUEVA YORK.–Un contundente revés en los tribunales ha marcado las últimas horas para la Administración Trump, evidenciando una vez más la tensa cuerda que existe entre el poder ejecutivo y el judicial en Estados Unidos. El presidente se ha visto obligado a retroceder en dos frentes clave: su polémica exigencia de verificar la nacionalidad de los votantes y la inminente suspensión de las ayudas alimentarias federales.
En el ámbito electoral, una jueza federal ha desmantelado de un plumazo una de las órdenes ejecutivas más controvertidas del mandatario. La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly sentenció que la orden que obligaba a los votantes a presentar pruebas documentales de su ciudadanía en el formulario de registro es ilegal e inconstitucional.
La Casa Blanca había emitido esta orden ejecutiva para endurecer los requisitos, un movimiento que se alineaba con la insistente, y a menudo infundada, retórica republicana sobre el supuesto fraude electoral e inscripción de inmigrantes indocumentados.
Pero la magistrada fue implacable en su interpretación de la ley, dejando claro que el presidente había excedido su autoridad. “La Constitución asigna la responsabilidad de regular las elecciones federales a los estados y al Congreso, no al presidente”, sostuvo Kollar-Kotelly en su auto, concluyendo que el inquilino de la Casa Blanca no tiene “ningún rol en dictar cambios específicos al Formulario Federal”. La decisión es una victoria decisiva para las organizaciones que luchan contra lo que consideran tácticas de supresión de voto.
El laberinto del cierre y la comida
Paralelamente a este tropiezo constitucional, dos decisiones judiciales simultáneas han forzado al presidente a actuar de urgencia respecto a un asunto de enorme calado social: la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el sistema de cupones de alimentos que mantiene a millones de estadounidenses.
Con el cierre de gobierno entrando en su día 30 —provocado por el bloqueo en el Senado debido a la negativa demócrata a aprobar el presupuesto sin la extensión de los subsidios de seguros médicos—, las ayudas alimentarias se enfrentaban a una cancelación inminente a partir del 1 de noviembre.
Dos jueces federales emitieron fallos que, aunque contradictorios, pusieron al Gobierno contra las cuerdas. Por un lado, el juez de distrito John McConnell ordenó la continuación inmediata del programa usando un fondo de contingencia. Por otro, la jueza Indira Talwani declaró que la suspensión del SNAP por parte de la Administración era "ilegal", si bien no obligó a su reanudación.
Ante este panorama legal incierto y con la amenaza de dejar sin comer a familias, el presidente Trump se vio obligado a mover ficha públicamente.
“He instruido a nuestros abogados para que soliciten al tribunal que aclare cómo podemos financiar legalmente el SNAP lo antes posible”, aseguró el mandatario en un mensaje en Truth Social.
Trump admitió que sus propios servicios jurídicos no creían tener la autoridad para pagar el SNAP con ciertos fondos disponibles y que los tribunales habían complicado el escenario con opiniones opuestas.
El presidente confirmó, no obstante, su intención de mantener el programa de ayudas, ofreciéndose incluso a utilizar fondos no gubernamentales si fuera necesario para resolver la crisis.
Este giro, impulsado por la presión judicial y el evidente riesgo humanitario del cierre, pone de relieve la dificultad que enfrenta la Casa Blanca para implementar su agenda ejecutiva sin la venia de la judicatura.
