El 48% de la isla está en riesgo de inanición si el cierre de gobierno paraliza el vital programa PAN.
La crisis política generada por el cierre del gobierno de Estados Unidos está a punto de convertirse en una emergencia humanitaria en Puerto Rico. De mantenerse la paralización administrativa en Washington, el 48% de la población de la isla—una cifra escalofriante que equivale a 1.2 millones de habitantes—enfrenta la inminente amenaza de pasar hambre.
La fecha crítica es el 1 de noviembre. A partir de ese día, miles de familias puertorriqueñas, muchas de ellas con niños pequeños a su cargo, que dependen absolutamente del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para comprar sus alimentos, podrían ver sus beneficios interrumpidos, recoge Prensa Latina.
La sombra de la eliminación presidencial
La vulnerabilidad del PAN se agrava ante la postura de la Casa Blanca. El presidente Donald J. Trump no ha ocultado su intención de eliminar el programa federal del que se deriva el PAN, conocido en el continente como SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria). Este programa beneficia a más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses de bajos recursos, una ayuda que el mandatario busca recortar drásticamente.
Ante este panorama desolador, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, ha alzado la voz con urgencia. Este miércoles, Hernández envió una carta directa a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, exigiendo medidas inmediatas para proteger el sustento de la población isleña.
La seguridad alimentaria, un asunto moral
En su comunicación, firmada junto a líderes demócratas clave en el Comité de Agricultura, Angie Craig, y en Asignaciones de la Cámara, Rosa L. DeLauro, Hernández manifestó su "profunda preocupación" por el impacto catastrófico que tendría la suspensión del PAN en miles de hogares.
El delegado puertorriqueño, que ocupa un asiento en el Congreso federal con voz limitada, enfatizó una distinción crucial: si bien el PAN, al igual que el SNAP, carece de un financiamiento automático durante los cierres federales, opera bajo un sistema de subvención limitada con reglas específicas.
"Decenas de miles de hogares en Puerto Rico dependen del PAN para comprar comida," recordó Hernández, quien insistió en que "cualquier retraso o reducción en los beneficios tendría consecuencias inmediatas y graves para nuestros adultos mayores, nuestros niños y nuestros trabajadores de bajos ingresos."
El punto de quiebre se aceleró la semana pasada, cuando el Departamento de Agricultura federal anunció que no utilizaría sus fondos de contingencia para garantizar los beneficios del programa SNAP (y, por extensión, el PAN) durante la interrupción gubernamental.
Hernández ha presionado para que la Administración Trump use todos los mecanismos administrativos disponibles, incluyendo fondos no usados y cualquier autoridad de contingencia, para evitar la catástrofe alimentaria.
Además, el comisionado del Partido Popular Democrático (PPD) exigió al gobierno federal aclarar si el gobierno de Puerto Rico recibirá un reembolso por los fondos que la isla tenga que reasignar al PAN de emergencia.
El político concluyó con una frase lapidaria que resume la gravedad de la situación: “La seguridad alimentaria no es un asunto partidista, es un asunto moral.” Las familias puertorriqueñas, sentenció, no deben ser sacrificadas simplemente porque la administración se niega a utilizar las herramientas y recursos que tiene a su alcance.
