La Embajada de EE. UU. en República Dominicana alerta sobre las graves penas por violar la deportación.
La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana ha lanzado una advertencia clara y contundente a quienes consideren desafiar las leyes migratorias tras ser deportados. La sanción por reingresar ilegalmente al territorio estadounidense es severa y está tipificada como un delito federal, lo que puede acarrear penas de prisión que se extienden hasta dos décadas.
A través de un comunicado difundido en sus plataformas sociales, la legación diplomática no dejó lugar a ambigüedades. El mensaje es directo: la reincidencia en la violación de las leyes migratorias tiene consecuencias legales profundas, y la cárcel es la principal de ellas.
La escalada de las penas
La pena de prisión varía drásticamente, escalando en función del historial delictivo de la persona deportada, lo que subraya la seriedad con la que el sistema judicial estadounidense trata este tipo de violaciones.
La Embajada detalló la graduación de las sanciones de la siguiente manera:
- 2 años de cárcel: Es la pena mínima establecida para el reingreso ilegal simple después de una deportación.
- Hasta 10 años de cárcel: Esta pena se aplica si la persona fue deportada previamente a causa de un delito grave (felony).
- Hasta 20 años de cárcel: La máxima pena se reserva para aquellos que intenten reingresar después de haber sido deportados por un delito grave con agravantes (aggravated felony).
La publicación, realizada específicamente a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), funciona como un recordatorio oficial: "Reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de una deportación tendrá graves sanciones legales, incluida la cárcel: desde 2 años por reingreso ilegal, hasta 10 años si fuiste deportado tras un delito grave y hasta 20 años si fuiste deportado tras un delito grave con agravantes".
Un delito federal
Esta postura reafirma el compromiso de las autoridades estadounidenses con la aplicación rigurosa de sus leyes migratorias. Es crucial entender que, una vez que una persona es deportada, se establece un impedimento legal para su regreso, y violar ese impedimento no es simplemente una infracción administrativa, sino un delito federal que se persigue activamente.
La advertencia de la Embajada busca disuadir a ciudadanos dominicanos y residentes en el país que hayan sido deportados, de intentar un regreso no autorizado.
El mensaje subraya el riesgo de intercambiar la libertad por la posibilidad de enfrentar duras sentencias en prisiones federales.
La ley es clara para las autoridades estadounidense y las consecuencias por ignorarla son potencialmente devastadoras para la vida de cualquier individuo y su familia.
