Abogados y propietarios denuncian errores y violaciones al debido proceso
SANTO DOMINGO. — Las tensiones siguen subiendo alrededor del informe de auditoría de la Cámara de Cuentas al Ministerio de Hacienda, correspondiente al período 2016-2020, tras las denuncias de supuestos errores graves y la presentación de múltiples demandas contra el organismo fiscalizador.
En los últimos días, la Cámara de Cuentas ha recibido más de diez notificaciones por actos de alguacil, enviadas por abogados y propietarios de terrenos expropiados por el Estado, quienes exigen retirar o corregir el informe preliminar publicado en su página web.
Las notificaciones están dirigidas a la presidenta Enma Polanco y a los miembros Francisco Tamarez Florentino, Francisco Alberto Franco Soto, Grisela Gómez Santana y Ramón Méndez Acosta. Los demandantes acusan a la institución de divulgar un documento “lleno de errores y afirmaciones falsas” que, según ellos, afecta derechos adquiridos y tergiversa información sobre procesos judiciales y expropiaciones.
El abogado Braulio Castillo, representante de propietarios de terrenos de la familia Mota, calificó el documento como “una barbaridad” y aseguró que el informe confunde títulos de propiedad con sentencias, un error que, a su juicio, evidencia “fabricaciones deliberadas”. En el Acto de Advertencia y Puesta en Mora No. 618, notificado el 27 de octubre, Castillo advirtió que el informe no es definitivo y, por tanto, no debió publicarse como si lo fuera.
En una línea similar, el abogado Carlos Mesa, en representación de la sociedad El Algodonal, notificó al organismo el 20 de octubre, solicitando la entrega de una copia oficial del informe y su retiro temporal hasta que sea revisado.
También el jurista Martín Mañón Lara, en nombre de varios propietarios de terrenos donde se levantó el Aeropuerto Internacional de las Américas, objetó el contenido del documento, alegando que la Cámara “falta a la verdad” y que las transferencias no se han concretado por trabas administrativas del Ministerio Público.
Otros abogados, entre ellos Navarro Rossi, Patricio Mañón y Castillo Lima, se sumaron a las objeciones, denunciando “faltas graves” en el trabajo de los auditores y acusando al organismo de fabricar irregularidades inexistentes sobre terrenos expropiados.
Los demandantes también cuestionan que el informe no fue notificado a todos los afectados, lo que —según sostienen— constituye una violación al debido proceso. Advierten que, de no corregirse, interpondrán demandas por responsabilidad patrimonial contra la Cámara de Cuentas y sus miembros.
El informe especial, emitido inicialmente en mayo de 2024 y oficializado el 26 de septiembre de 2025, sigue generando polémica en torno a la transparencia y la legalidad de su publicación.
