La iniciativa busca consolidar la digitalización judicial, afianzar la seguridad jurídica y normar las audiencias virtuales.
SANTO DOMINGO. — El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha dado un paso decisivo hacia la modernización definitiva del sistema judicial dominicano. La alta corte, encabezada por su presidente, el magistrado Henry Molina, depositó ante el Senado de la República una propuesta legislativa para modificar artículos clave de la Ley 339-22, que habilita y regula el uso de los medios digitales en el Poder Judicial.
El anteproyecto de ley, entregado al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se centra en dos ejes de transformación esenciales. En primer lugar, busca consolidar la digitalización como la regla general en todos los trámites judiciales, incorporando herramientas esenciales como la firma digital gratuita para los auxiliares de la justicia y un sistema georreferenciado para garantizar la seguridad y trazabilidad de las diligencias.
En segundo lugar, la iniciativa se enfoca en establecer un marco regulatorio más claro y flexible para las audiencias virtuales. El objetivo es que las partes puedan optar por esta modalidad y que, en caso de desacuerdo, sea el juez quien tenga la potestad de decidir para optimizar la gestión judicial y erradicar las ineficiencias, como las conocidas "notificaciones en el aire".
Avances y consolidación tecnológica
El magistrado Henry Molina, quien asistió al Senado acompañado por varios jueces del Pleno (entre ellos Justiniano Montero, Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto Sánchez, Francisco Ortega Polanco, Ramón Herrera Carbuccia y Rafael Vásquez Goico), explicó que esta reforma es parte de un esfuerzo continuo para optimizar el sistema y adaptarlo a las exigencias tecnológicas contemporáneas.
Molina reconoció que la Ley de Uso de Medios Digitales ya ha significado un avance significativo, pero el acelerado desarrollo tecnológico y las buenas prácticas observadas internacionalmente demandan ajustes.
"Como manda la propia ley, su implementación ha sido progresiva, logrando hitos importantes como el registro de más de 23,000 usuarios en la plataforma de acceso digital, la tramitación de más de 112,000 solicitudes y la realización de 27,000 audiencias virtuales," destacó el magistrado en su carta de remisión, resaltando los ahorros y beneficios sociales generados.
El Pleno de la SCJ aprobó esta solicitud de modificación en su sesión del pasado 9 de octubre, haciendo uso de la facultad de iniciativa legislativa que le otorga el artículo 96, numeral 3, de la Constitución dominicana. La meta final, según Molina, es consolidar los avances hacia una justicia digital que beneficie a toda la ciudadanía.
La Ley 339-22 original, promulgada en julio de 2022 por el presidente Luis Abinader, fue también una iniciativa impulsada por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y los miembros del alto tribunal.
