Propietarios de terrenos expropiados acusan al órgano de publicar datos falsos y sin derecho a réplica
SANTO DOMINGO.– Un grupo de abogados y propietarios de terrenos expropiados por el Estado rechazó este lunes el informe de auditoría emitido por la Cámara de Cuentas sobre el Ministerio de Hacienda, correspondiente al período 2016-2020. Denuncian que el documento está “plagado de errores e incongruencias” y que fue publicado sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.
Cuatro oficinas de abogados notificaron formalmente al órgano fiscalizador, mediante actos de alguacil, para exigir el retiro o corrección del informe preliminar. De no hacerlo, advirtieron, podrían someter una demanda por los daños causados. Las notificaciones fueron dirigidas a la presidenta de la Cámara de Cuentas, Enma Polanco, y a los demás miembros, y están firmadas por los abogados Alexander Navarro Rossi, Joaquín Antonio Pérez, Ángel Teófilo Sena y Pablo Benjamín Castillo, entre otros.
El documento cuestionado, identificado como Resolución AUD-2025-0043, fue publicado el 26 de septiembre de 2025 en la página web de la Cámara de Cuentas, pese a que —según los abogados— se trata de un borrador basado en un informe previo de mayo de 2024 elaborado por la gestión anterior.
Los objetantes aseguran que el órgano violó los artículos 21 y 26 de la Ley 107-13, al no otorgarles audiencia previa antes de divulgar información que califican de falsa. Señalan que el informe afirma que faltaban documentos en ciertos expedientes, cuando en realidad esos papeles fueron entregados bajo recibo a la Dirección General de Bienes Nacionales.
El abogado Navarro Rossi explicó que el traspaso de los terrenos no se ejecutó porque la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) se opuso por oficio en 2022, “sin orden judicial”.
Por su parte, el doctor Castillo sostuvo que la Cámara “falta a la verdad” al indicar que cobró con una sentencia no definitiva. “Fui pagado con la entrega del título de propiedad, como establece el contrato”, afirmó.
Los abogados sostienen que el informe incurre en falsedades sobre pagos y obligaciones fiscales, y acusan a la Cámara de Cuentas de difundir públicamente un documento “no definitivo”, sin notificación previa a los afectados, en violación de la Constitución y la ley.
