El movimiento cívico pide reforzar controles para impedir el financiamiento ilícito en partidos y campañas electorales
SANTO DOMINGO. – El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) lanzó una advertencia contundente sobre los riesgos de que el narcotráfico y el lavado de activos penetren en la economía y el sistema político de la República Dominicana. La organización llamó al Gobierno, al empresariado y a los partidos políticos a tomar medidas urgentes para cerrar el paso a capitales provenientes del crimen organizado.
La preocupación surge tras recientes informaciones que vinculan a figuras del sector empresarial y político, especialmente relacionadas con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en casos de narcotráfico y lavado de activos.
Estas revelaciones, según PC, generan serias dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado, tanto en los organismos especializados como en los entes financieros y no financieros, que tienen la obligación legal de prevenir la infiltración de dinero ilícito en la economía, conforme a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El movimiento advirtió que los partidos y agrupaciones políticas deben fortalecer sus mecanismos de control interno, especialmente en la afiliación de miembros y recepción de financiamiento privado, para evitar que estructuras delictivas utilicen la política como medio de legitimación o influencia.
PC reiteró su propuesta de que los partidos políticos, movimientos, agrupaciones y candidatos sean reconocidos como “sujetos obligados no financieros” dentro del marco de la Ley 155-17. Esto implicaría que las organizaciones políticas deban realizar debida diligencia ampliada sobre el origen de los fondos recibidos en campañas, dificultando el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico u otros delitos.
En referencia al PRM, partido actualmente en el poder, Participación Ciudadana reconoció su comunicado oficial desvinculándose de los implicados en actividades ilícitas, pero señaló que la organización política debe asumir su cuota de responsabilidad.
“No basta con alegar responsabilidad penal individual. El partido debe revisar sus filtros de ingreso y financiamiento, para evitar que casos como los ocurridos vuelvan a repetirse”, expresó la entidad.
La organización recordó varios ejemplos recientes que han dañado la imagen institucional del país, como los casos del exdiputado Miguel Gutiérrez, condenado en Estados Unidos por narcotráfico; la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, sentenciada a cinco años de prisión; así como los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, y otros dirigentes locales del PRM involucrados en procesos judiciales o solicitudes de extradición.
Participación Ciudadana denunció además que en muchos de estos casos, las actividades sospechosas de los acusados eran conocidas públicamente en sus comunidades, lo que sugiere falta de control y supervisión interna por parte de las estructuras partidarias.
Finalmente, la organización instó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos —integrado por el Consejo Nacional de Drogas, la Procuraduría General, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la DNCD— a ejercer su poder reglamentario para incluir formalmente a los partidos políticos y candidatos como sujetos obligados, tal como lo permite la ley.
“La democracia no puede ser financiada por el crimen organizado. Si el dinero del narcotráfico entra en la política, la institucionalidad se derrumba”, advirtió Participación Ciudadana en su comunicado.
