Asegura que la integridad nacional está en juego ante la presión migratoria externa
El doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, ha encendido la alarma: la política de deportaciones a ciudadanos en situación irregular debe ser implacable y continua. Para el jurista, no hay cabida para la intermitencia ni para las concesiones que, a su juicio, se han observado en el manejo de la crisis migratoria.
"Las deportaciones de ilegales tienen que ser contundentes y permanentes. No puede haber vacaciones ni puede haber tampoco chances como los que se producen entre nosotros", sentenció Gómez Ramírez en el programa Esferas de Poder.
Su postura es clara y directa: lo que está en juego es la integridad del pueblo dominicano y la defensa del interés nacional por encima de cualquier otra consideración.
El expresidente del Tribunal Constitucional reconoce que, en ciertos momentos, ha habido respuestas de repatriación significativas, pero esa firmeza no se mantiene en el tiempo.
Según su análisis, las autoridades han caído en la tendencia de reducir las actuaciones en cuanto perciben que la ciudadanía se calma tras ver una acción contundente.
"Eso pasa y la tendencia es que se reduzca, porque se complace a la ciudadanía en su exigencia, y cuando se advierte que ya la gente está tranquila porque ha visto algo, entonces se reducen las actuaciones", explicó.
Presiones y agendas ocultas
Gómez Ramírez fue más allá, revelando un factor de presión externo que, asegura, busca socavar la soberanía dominicana. Denunció que organismos internacionales están presionando activamente al país para que adopte medidas polémicas, como la de otorgar la residencia permanente a todos los extranjeros registrados en los llamados "libros de extranjería" o "libros rosados".
Esta medida, de concretarse, sería el primer paso para impulsar una eventual naturalización masiva de individuos que no cumplen con los requisitos legales.
"No podemos bajo ninguna circunstancia consentir eso", enfatizó el presidente del Duartiano, quien calificó la instauración de dichos libros como un error, ya que la República Dominicana no tiene por qué asentar en registros nacionales a nadie que no sea dominicano o un extranjero que cumpla a cabalidad con la ley. "Eso se constituye en un problema", advirtió.
El jurista contextualizó esta presión internacional dentro de una campaña sistemática y malintencionada contra el país.
Afirmó que estos organismos y sus agentes, tanto dentro como fuera de la isla, mantienen campañas permanentes que señalan falsamente que el pueblo dominicano es racista y que discrimina a las personas por su color. Una narrativa que, a su juicio, no ha sido enfrentada con el vigor necesario por las autoridades.
Seguridad y soberanía no se negocian
Otro punto crucial para Gómez Ramírez es el tema de la seguridad individual. La alta presencia de indocumentados atenta directamente contra la seguridad ciudadana, ya que muchos de ellos cometen actos delictivos sin que exista una forma efectiva de localizarlos y someterlos a la justicia.
Por ello, insistió en que la pretensión de dotar de documentos a extranjeros en situación irregular es inaceptable. El pueblo dominicano, que ha luchado durante 181 años por preservar su soberanía, su integridad y su capacidad de autodeterminación, no va a ceder en este orden.
"Aquí hay que mantener una línea de defensa al interés nacional por encima de todo el interés dominicano", concluyó, dejando claro que la paz social construida con esfuerzo está en juego y no se puede seguir "jugando con verdades que están ahí".
