Expertos de la ONU advierten que el control de pocas empresas socava la seguridad alimentaria y la autonomía campesina.
La producción agrícola mundial está en manos de unos pocos gigantes corporativos, una peligrosa concentración de poder que amenaza directamente la seguridad alimentaria y la subsistencia de los pequeños agricultores. Esta es la dura advertencia emitida por expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas desde Ginebra, por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según los relatores, este control empresarial no solo abarca gran parte de la producción, sino también los mercados de insumos clave —como semillas y fertilizantes— y las cadenas de suministro.
La consecuencia es demoledora: el sistema "socava la autonomía de los pequeños agricultores, exacerba la desigualdad y pone en peligro los fundamentos ecológicos de nuestros sistemas alimentarios".
En sus informes a la Asamblea General de la ONU, los expertos, entre los que se encuentra Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación, recordaron que son precisamente los campesinos y pequeños agricultores quienes "alimentan a la mayoría de la población mundial con alimentos saludables y diversos". Sin embargo, son ellos quienes están siendo "marginados y desposeídos por la expansión de los sistemas alimentarios impulsados por las empresas".
Prioridad al beneficio, no a la gente
La crítica apunta directamente al modelo actual de la agroindustria, al que tachan de estar "respaldado por Estados poderosos" y de dar prioridad a los beneficios económicos por encima de las personas y el planeta.
Michael Fakhri afirmó que esta concentración de poder es tal, que un grupo muy reducido de personas "determina qué y cómo se cultiva, las condiciones laborales, los precios y lo que se come, con el objetivo último de maximizar los beneficios en lugar de obrar por el bien público".
Esta situación ha generado una serie de "profundas dependencias" que minan la resiliencia rural. Los expertos señalaron prácticas corporativas agresivas como la adquisición masiva de tierras, la monopolización de semillas y agroquímicos, la especulación alimentaria y los contratos agrícolas explotadores.
A esto se suma la creciente influencia de las tecnologías digitales, que a menudo amplían el control corporativo a través de la apropiación de datos agrícolas, agravando la amenaza al derecho a la alimentación en un contexto de crisis climática.
Cifras de un monopolio alarmante
Los informes de la ONU respaldan sus advertencias con datos escalofriantes:
- Semillas y Plaguicidas: Solo cuatro empresas (Bayer, Basf, Corteva y Syngenta) controlan el 56% del mercado mundial de semillas comerciales y el 61% del mercado de plaguicidas.
- Fertilizantes: Cinco compañías dominan el 25% del mercado de fosfato (OCP, Mosaic, Nutrien, ICL y Sinofert).
- Genética Animal: Tres empresas (Tyson Foods, EW Group y Hendrix Genetics) controlan la genética avícola. Solo en EE. UU. suministran el 98% del material genético para los pollos.
Para los relatores, este poder empresarial se convierte en un problema de derechos humanos cuando las corporaciones tienen la capacidad de aumentar sus ganancias subiendo los precios (especialmente de los insumos) o reduciendo los salarios, limitando las opciones disponibles para los consumidores y trabajadores.
Ante este panorama, la ONU hizo un llamado explícito: los Estados tienen la obligación de regular la actividad empresarial, prevenir los abusos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Finalmente, instaron a todos los gobiernos a colocar a los pequeños agricultores, pescadores y trabajadores rurales en el centro de las políticas alimentarias.
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