Al igual que en República Dominicana, Colombia suspende operaciones por un manejo opaco de datos biométricos sensibles.
SANTO DOMINGO—La ambición de la empresa Worldcoin de crear una identidad digital global a través del escaneo del iris ha chocado con una fuerte pared regulatoria en América Latina. Colombia han ordenado el cese total de sus operaciones, estableciendo un precedente regional sobre la protección de datos biométricos. un proceso similar se cumple en la República Dominicana contra la referida compañía.
La ofensiva más contundente vino de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, que dictaminó el "cierre inmediato y definitivo" de las actividades de World Foundation y Tools for Humanity Corporation. El motivo es crucial: la recolección masiva de información biométrica se estaba realizando sin las garantías legales ni la transparencia ética suficientes, a pesar de que la compañía operaba en el país desde el primer semestre de 2024.
El cuestionamiento al "Incentivo Económico"
El regulador colombiano identificó el corazón del problema en el peculiar método de reclutamiento de Worldcoin: ofrecer una contraprestación económica en criptomonedas a cambio del escaneo de un dato tan único y sensible como el iris.
La SIC fue directa: la empresa “condicionó la voluntad de las y los titulares de aceptar el tratamiento de su información sensible al ofrecimiento de un incentivo económico”. Este mecanismo pone en jaque la validez del consentimiento informado, ya que la aceptación del ciudadano queda supeditada a un pago, erosionando la autonomía y la claridad de la decisión.
Ante esta grave infracción, la orden de la SIC fue drástica: Worldcoin no solo debe detener sus actividades, sino que está obligada a suprimir de manera total todos los datos personales sensibles que haya recolectado, incluidos los códigos de iris, de sus bases de datos.
El paralelo dominicano: cláusulas abusivas
La misma preocupación ética y legal se replicó en el Caribe. En la República Dominicana, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) actuó con similar rapidez, ordenando la suspensión de Worldcoin en noviembre de 2024.
En el caso dominicano, la autoridad centró su acción en las "cláusulas abusivas" de los contratos que se ofrecían a los ciudadanos. El ente argumentó que los términos de servicio no eran transparentes ni justos, motivando la intervención. La Junta Central Electoral (JCE) se sumó al esfuerzo y exigió la eliminación de los datos biométricos de más de 7,000 personas que habían caído en el esquema.
Aunque Worldcoin presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para intentar reanudar sus operaciones, la postura de las autoridades dominicanas se ha mantenido firme. Un fallo judicial posterior rechazó la medida cautelar de la empresa, reafirmando la suspensión inicial.
Esta ola de decisiones subraya el mensaje claro de la región: la innovación y el desarrollo tecnológico son bienvenidos, pero no pueden ir por delante de la ética, la responsabilidad y el estricto cumplimiento legal en el manejo de la información personal.
Colombia y la República Dominicana han sentado un precedente crucial en la defensa de los derechos de sus ciudadanos frente a la ambición de la identidad digital.
