Operativo militar localiza a grupo que fue entregado voluntariamente
Valverde, R.D. — En una acción rápida y concreta, el Ejército de la República Dominicana (ERD) capturó a dieciséis ciudadanos haitianos que se alojaban en condiciones migratorias irregulares en un hotel de Mao, provincia Santiago Rodríguez. El operativo, respaldado por labores de inteligencia, se ejecutó sin enfrentamientos.
La alerta provino de informaciones recabadas sobre el Hotel Don Lolo, en la calle Mella del municipio. Al llegar al lugar, los soldados se presentaron ante la administradora del hotel, Solmin Rodríguez Torres, quien —según el informe oficial— entregó voluntariamente a los extranjeros hospedados allí. No fue necesario forzar accesos ni producir altercados.
Del total de detenidos, once son mujeres, dos hombres y tres menores de edad. Fueron trasladados al destacamento militar correspondiente, y luego puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM), para iniciar los procedimientos legales previstos.
Este operativo local es parte de una estrategia más amplia. En la provincia Valverde, durante patrullajes con apoyo de drones, el Ejército detectó un grupo adicional de once haitianos escondidos dentro de una finca de bananos, en el distrito municipal Ámina. Entre ellos había ocho mujeres y tres hombres. Fueron llevados a la 4ta Brigada de Infantería en Mao, desde donde también serán entregados a la DGM para su repatriación.
Estas acciones no son aisladas. En lo que va de 2025, República Dominicana ha deportado más de 114,000 haitianos indocumentados, según datos oficiales. En el primer trimestre del año, fueron expulsados más de 86,000. Además, solo en octubre recientes operativos en distintas provincias permitieron detener 1,332 haitianos, y 1,241 fueron repatriados.
El gobierno del presidente Luis Abinader ha reforzado esta política migratoria con un paquete de 15 medidas anunciadas en abril de 2025. Entre ellas: incrementar la presencia militar en zonas fronterizas, acelerar la construcción del muro perimetral fronterizo y endurecer sanciones para quienes faciliten el tráfico irregular de personas o alquilen inmuebles a extranjeros indocumentados. Según el proyecto de verja perimetral, la meta es cubrir hasta 164 kilómetros de frontera con Haití, combinando barreras físicas con vigilancia tecnológica.
Pero estas operaciones también acarrean críticas. Organismos como Amnistía Internacional han cuestionado el trato de los migrantes, especialmente en casos de expulsiones colectivas y detenciones de mujeres embarazadas. Además, se denuncian episodios con deficiencias en el debido proceso o vulneraciones a los derechos humanos.
En Santiago Rodríguez, los operativos se han intensificado: solo en días recientes se reportó la detención de 91 haitianos en labores del ERD entre esa demarcación y Monción. El fenómeno migratorio se vuelve un reto constante para las autoridades locales, sobre todo en regiones rurales y de difícil acceso.
Para los migrantes, las condiciones que los empujan al cruce irregular persisten: crisis económica y política en Haití, falta de oportunidades, inseguridad. Pero el gobierno dominicano sostiene que tiene el deber de proteger su soberanía y garantizar el orden interno.
Este nuevo episodio en Santiago Rodríguez no solo refleja la crudeza de una política que busca eficacia y control, sino también las tensiones que impone en la frontera humana: vidas en tránsito, estructuras legales, reclamos internacionales y la necesidad de un equilibrio entre la ley y los derechos fundamentales.
