Suspende la rueda de prensa; optó por un compás de espera confiando en que la conversación pueda desactivar el conflicto.
Santo Domingo. — La escalada de tensión entre empresarios chinos y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) entra en una fase de tregua. Los comercios afectados, cerrados por supuestas faltas de licencia, han suspendido la rueda de prensa que tenían prevista para denunciar lo que consideran un acto arbitrario y persecutorio. En su lugar, iniciarán este lunes un proceso de diálogo con las autoridades.
Salvador Catrain, abogado que representa a los empresarios, confirmó que recibió una llamada de las autoridades, convocándolo junto a sus clientes a una reunión el lunes a las 10:00 de la mañana.
“Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo que definitivamente garantice la posición que ha asumido el MIVHED y, por el otro lado, los derechos de las empresas chinas que representa”, explicó Catrain, quien optó por un compás de espera confiando en que la conversación pueda desactivar el conflicto.
El jurista subrayó que la vía del acuerdo es la mejor salida. “Nosotros representamos intereses, el diálogo, la conversación, los acuerdos consensuados son la mejor forma de arribar a una solución a este tipo de conflicto”, afirmó, aunque no reveló la identidad de los funcionarios con los que se reunirá.
Cierres bajo la lupa de la legalidad
La disputa se remonta al 26 de agosto y 8 de septiembre de 2025, cuando el MIVHED ordenó el cierre de la tienda SUPLAX y, posteriormente, extendió la medida a once establecimientos de origen chino en total, alegando una supuesta falta de licencia de construcción.
Sin embargo, los representantes legales de los afectados han sido tajantes: la actuación del Ministerio carece de sustento.
El abogado Catrain acusó al MIVHED de haber actuado de forma arbitraria y sin competencia, vulnerando derechos fundamentales de empresarios que, aseguran, operan conforme a la ley y cuentan con permisos municipales y medioambientales vigentes.
El fondo del problema es la seguridad jurídica: estas acciones, a su juicio, afectan gravemente la confianza de la inversión extranjera en el país.
El debido proceso: un camino ignorado
La defensa legal sostiene que el MIVHED actuó sin agotar el debido proceso administrativo. Recalcan que la autoridad competente para ordenar el cierre o la paralización de establecimientos ya edificados y en funcionamiento es el ayuntamiento correspondiente, el cual debe hacerlo a través del Juzgado de Paz y con plazos de regularización razonables.
La falta de transparencia ha sido otro punto de fricción. Los empresarios denunciaron que la institución prometió entregar formalmente un supuesto informe de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica (ONISVIE) realizado el 17 de septiembre, pero nunca lo facilitó, obligándolos a solicitarlo por la vía de acceso a la información pública.
Esta cronología levanta sospechas, ya que el cierre de negocios se ejecutó el 8 de septiembre, antes de la fecha del informe técnico.
Más de tres mil empleos se encuentran ahora en riesgo por estos cierres. La defensa insiste en que, mientras se desarrolla el diálogo y el proceso de regularización (para el cual ya han contratado técnicos estructuralistas), las tiendas deben poder operar, evitando así un daño económico innecesario y la pérdida de una importante contribución fiscal para el Estado dominicano.
La audiencia para el recurso contencioso administrativo interpuesto por las empresas ante el Tribunal Superior Administrativo está fijada, de forma virtual, para el 16 de octubre.
