Abogados aseguran que su cliente no cometió desfalco ni ilícitos
SANTO DOMINGO.– Los abogados de la defensa del licenciado Ángel Lockward solicitaron este viernes al Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional un Auto de No Ha Lugar en el marco del caso Calamar, alegando que su cliente no incurrió en desfalco contra el Estado ni en ningún otro delito penal.
La solicitud fue presentada por el doctor Nolberto Rondón, quien expuso sus conclusiones ante la jueza Altagracia Ramírez. Durante su intervención, Rondón pidió declarar inconstitucional el informe de la Contraloría General de la República, al que calificó de “falso” y de haber sido elaborado —según afirmó— por dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con el propósito de sustentar un proceso judicial sin fundamento.
El jurista argumentó que el informe de la Cámara de Cuentas No. 2025/43 no hace mención alguna a Lockward, y desmenuzó punto por punto las acusaciones del Ministerio Público, que, aseguró, “quedaron destruidas” durante la audiencia.
Previo a esto, el Ministerio Público intentó objetar la representación legal de Lockward, buscando excluir al doctor Rondón de la defensa, una petición que fue rechazada por el tribunal.
Rondón recordó que el informe de la Cámara de Cuentas, que evaluó cuatro años de gestión del exministro de Hacienda Donald Guerrero en relación con las expropiaciones, no señala irregularidades en la mayoría de los casos que la Contraloría había señalado, lo que —dijo— desmonta el fundamento del expediente.
Por su parte, el abogado Escalante reforzó la posición de la defensa, señalando que varios querellantes con calidad retiraron sus acusaciones contra Lockward y que los abogados restantes carecen de representación válida, pues sus clientes no tienen condición de víctimas.
En su exposición, Escalante también afirmó que Lockward no financió la campaña de Gonzalo Castillo, como sostiene la acusación, sino que realizó aportes a la candidatura de Luis Abinader en las elecciones de 2020. Para sustentar su argumento, presentó un cheque endosado por Abinader, fotografías del actual presidente y de la vicepresidenta Raquel Peña en actividades de recaudación de fondos, así como una carta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) agradeciendo su colaboración económica.
“Lockward no buscó ni entregó dinero al Penco (Gonzalo Castillo)”, enfatizó Escalante, insistiendo en que su cliente actuó únicamente en calidad de abogado y que los pagos recibidos correspondieron a honorarios profesionales debidamente declarados y tributados.
Finalmente, ambos juristas concluyeron que todas las propiedades de Lockward y de sus empresas fueron adquiridas entre 1986 y 2006, mucho antes de los hechos investigados en el caso Calamar, por lo que no podrían vincularse a los supuestos ilícitos señalados por la acusación.
