La procuradora desgrana el nuevo código penal y exige un compromiso ético a los servidores públicos
La corrupción no es solo un delito, es una violación a los derechos humanos. Ha sido el mensaje, claro y directo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en un llamado a fortalecer la ética y la transparencia en la gestión pública. El escenario fue la celebración del 45 aniversario del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), donde la magistrada desgranó las claves de una de las transformaciones legales más importantes de la historia reciente del país.
Se trata del nuevo Código Penal (Ley 74-25), una reforma que finalmente jubila a la anticuada legislación de 1884. Promulgada en agosto de 2025, esta ley inaugura una nueva era normativa, aunque su aplicación real no comenzará hasta agosto de 2026.

Reynoso aprovechó este período de transición de doce meses para lanzar una advertencia: es hora de que todos —entidades públicas, empresas y ciudadanos— se pongan al día.
"Cuando fallamos, generamos un impacto mayor en la sociedad", afirmó la procuradora, subrayando la responsabilidad especial que recae sobre los hombros de quienes sirven al Estado. "Estamos obligados a actuar conforme a lo que nos manda la ley".
Entre las novedades más drásticas, el código eleva la pena máxima para delitos graves a 40 años de prisión y permite acumular condenas hasta un tope de 60 años en casos de múltiples crímenes. Esto, explicó Reynoso, proporciona herramientas para enfrentar delitos complejos del siglo XXI, como el cibercrimen o las redes criminales internacionales, que el viejo código era incapaz de procesar eficazmente.
En el mismo evento, el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, respaldó el llamado de la procuradora. Reafirmó el compromiso de la institución con la integridad, un pilar que, según él, ha sido posible gracias a su estructura tripartita, donde empresarios, trabajadores y Estado toman decisiones en conjunto. "Eso ha permitido que, sin importar quién dirija la institución, siempre prevalezca un sistema de transparencia", destacó.
Santos Badía fue aún más lejos en su advertencia a los funcionarios. “Todo funcionario, no importa su rango, que desee vivir tranquilo, aun después de ejercer sus funciones, tiene que conocer el Código. Porque se peca, como dice el credo cristiano, por palabras, obras y omisiones”.
La magistrada también reconoció el papel del INFOTEP como un motor de desarrollo que impacta a miles de dominicanos. Calificó la labor de la institución como una inversión en el presente y futuro del país, un motivo de orgullo que debe continuar por el camino correcto, formando no solo técnicos competentes, sino también ciudadanos íntegros.