Operación Gaviota desmanteló el fraude que afectó a 332 personas en RD
SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio contra los presuntos miembros de una red de estafa que, bajo el nombre “Investor Winner”, montó un esquema piramidal que movió más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones entre 2020 y 2024. El grupo captó fondos de más de 300 personas en todo el país, muchas de las cuales hipotecaron casas o entregaron sus ahorros creyendo que estaban invirtiendo en la bolsa.
El caso, bautizado como Operación Gaviota, sacó a la luz un entramado financiero de fachada que prometía rendimientos mensuales de hasta un 30%, sin tener respaldo real ni autorización de los organismos reguladores. La acusación fue sustentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que logró que el juez Deiby Peguero Jiménez, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictara el auto de apertura a juicio.
Los cabecillas y su red de empresas
En el centro de la estructura están Rafael Martínez Batista y su esposa Eridania García Veloz, señalados como los principales responsables del esquema, junto a otros 20 acusados. Todos enfrentan cargos por estafa, lavado de activos, asociación de malhechores, y violaciones a las leyes de tecnología, banca, valores y cooperativas.
Según la investigación, usaron un grupo de empresas —muchas creadas solo para captar dinero del público— como Investor Winner IW S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., y la Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), entre otras. Estas operaban sin los permisos de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores.
¿Cómo operaba el fraude?
El esquema era simple pero efectivo: ofrecían ganancias elevadas a corto plazo bajo la promesa de inversiones seguras en la bolsa. Los primeros inversores recibían sus pagos con el dinero que entraba de nuevos incautos. Nada nuevo: un clásico esquema Ponzi. Lo que sí llama la atención es la magnitud.
El Ministerio Público reveló que para captar víctimas, el grupo usó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram, donde mostraban un estilo de vida de lujo, promociones agresivas y supuestas pruebas de rentabilidad. Incluso falsificaban estados financieros para ganar credibilidad.
Cuando la estafa comenzó a desmoronarse, los implicados traspasaron las acciones de sus empresas, desaparecieron de sus domicilios y algunos se mudaron de provincia o salieron del país. La movida buscaba borrar rastros y entorpecer la investigación.
Más de 650 pruebas
La fiscalía depositó más de 650 pruebas en el proceso, incluyendo 376 testimonios, 19 peritajes financieros y forenses, 254 documentos y 29 elementos materiales. La lectura íntegra del auto de apertura a juicio quedó pautada para el 14 de noviembre de 2025.
Entre los acusados también figuran Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, entre otros. Muchos de ellos tenían vínculos familiares o comerciales con los cabecillas.
Un golpe a la confianza
Este caso ha tenido un impacto fuerte en la opinión pública, no solo por el monto defraudado, sino por el perfil de las víctimas: gente común, maestros, empleados, emprendedores, que cayeron en la trampa de una supuesta inversión segura. Algunas vendieron sus vehículos, otras hipotecaron viviendas y varias más se endeudaron para entrar al “negocio”.
La Operación Gaviota evidencia una vez más la necesidad de que los ciudadanos verifiquen con las autoridades financieras cualquier oferta de inversión, y que se fortalezcan los controles contra este tipo de delitos.
Cargos que enfrentan
La red enfrenta múltiples cargos amparados en diversas leyes del país, incluyendo:
- Estafa por medios tecnológicos (Ley 53-07)
- Asociación de malhechores (Código Penal)
- Intermediación financiera sin autorización (Ley 183-02)
- Captación ilegal de fondos (Ley 249-17 de Mercado de Valores)
- Violaciones a la Ley de Cooperativismo (127-64)
- Lavado de activos (Ley 155-17)
El juicio que se avecina podría convertirse en uno de los procesos por estafa más sonados de los últimos años en República Dominicana. El Ministerio Público dice tener el caso amarrado. Ahora, todo queda en manos de los jueces.
