Arismendi Díaz Santana fulmina la corrupción sin precedentes en la ARS estatal
El escándalo de corrupción que sacude al Seguro Nacional de Salud (SENASA) es, a juicio del experto en seguridad social Arismendi Díaz Santana, de una gravedad lamentable y sin parangón en la historia reciente del sector. Ante este monumental desfalco recomienda a los legisladores retirar inmediatamente sus proyectos de ley que buscan convertir al SENASA en un monopolio estatal único, y concentrar sus esfuerzos en fortalecer la prevención y sanción de los fraudes, tanto públicos como privados.
El propio Díaz Santana, coautor del libro Historia y Fundamentos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), señala que si bien ya se conocían modalidades de corrupción, las revelaciones de valientes comunicadoras como Nuria Piera, Julissa Céspedes, Edith Febles y Alicia Ortega han desvelado prácticas que superan con creces todo lo visto, incluso las oscuras actuaciones del extinto Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
Los diez puntos del desfalco
El experto en seguridad social señala, en un documento enviadco a DiarioDigitalRD, la lista de irregularidades que pinta un cuadro de abuso sistémico de los recursos que deben garantizar la salud de la población, especialmente de los más vulnerables:
- Contrataciones multimillonarias de grado a grado, sin la debida rendición de cuentas ni una fiscalización rigurosa.
- Pago de decenas de miles de procedimientos ficticios a clínicas, médicos y farmacias privadas.
- Sobrefacturación de centros privados en complicidad directa con funcionarios del SENASA, violando toda técnica de administración de riesgos.
- Desvío deliberado de miles de pacientes hacia proveedores "preferidos", cuando estos pudieron ser atendidos en la red de hospitales públicos.
- Uso de doble contabilidad y falsificación de reportes financieros mensuales y anuales entregados a la SISALRIL.
- Compra de vacunas que el Ministerio de Salud Pública ya entrega gratuitamente a las clínicas.
- Instalación de prótesis de inferior calidad, afectando la salud y la recuperación de pacientes de bajos recursos.
- Creación de un call center paralelo y privado para simular la prescripción y entrega de servicios médicos.
- Destrucción de datos esenciales para ocultar la crítica situación financiera, borrando importantes archivos institucionales.
- Falsificación del balance de las reservas técnicas para esconder los déficits financieros reales.
El impacto en los afiliados
Indica que aun cuando se espera el dictamen final de las autoridades, el retraso de más de cuatro meses en el pago del 48% a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), reportado por la SISALRIL, es una prueba irrefutable de un cúmulo de irregularidades sin precedentes.
Este escándalo empaña la credibilidad de una institución que en algún momento fue considerada un modelo y de cuya gestión dependen 7.8 millones de dominicanos, la mayoría en condición de pobreza.
Aunque algunos intenten silenciarlo, la corrupción ancestral, el clientelismo y la administración irresponsable de los recursos en el sector público terminan surtiendo efectos negativos similares al afán de lucro privado, disparando el costo del Plan Básico de Salud (PBS) y acentuando los desequilibrios financieros.
Díaz Santana subraya la paradoja: ¿Cuál es la diferencia real para el afiliado y para el equilibrio del PBS entre el afán de lucro privado y el afán de lucro público basado en una corrupción multimillonaria?
El experto aplaude la intolerancia del presidente Luis Abinader contra la corrupción, que permitió detectar y detener esta estafa a finales del año pasado, con la promesa de someter a la justicia a los responsables de este doble crimen contra el Estado y contra la salud de los más necesitados.
Añade que el carácter mixto del SDSS, con su pluralidad y libre elección, se justifica precisamente como un mecanismo de control ante la ineficiencia histórica del sector público y el afán de lucro de ambos lados.
Refiere que la falsa ilusión sobre el desempeño del SENASA llevó a varios diputados y senadores a presentar hasta ocho proyectos de ley estatizantes. Hoy, ante este escándalo, el único camino sensato es retirar esas propuestas y enfocarse en crear fórmulas concretas para fortalecer la prevención y la sanción del fraude.