El Gobierno detalla cifras, costes y estado de los CIE en su respuesta
España ha ejecutado 38.391 denegaciones de entrada, devoluciones y expulsiones en el periodo comprendido entre 2021 y 2024. Así lo confirma el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita al diputado de Sumar Alberto Ibáñez, quien solicitó información sobre los procedimientos de retorno forzoso y la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
El documento oficial precisa que, en esos cuatro años, 4.360 personas fueron expulsadas o devueltas directamente desde los CIE. La distribución por centros muestra las mayores cifras en Madrid (933), Las Palmas (782) y Valencia (810), seguidos por Barcelona (685), Algeciras (541), Murcia (503) y Tenerife (106).
Sobre el coste de mantenimiento de los CIE, el Ejecutivo evita dar un desglose detallado. Argumenta que los servicios básicos —como limpieza, traducción o asistencia técnica— están integrados en contratos más amplios que abarcan otras dependencias policiales. La única excepción es el CIE de Cádiz, cuyo mantenimiento figura en un contrato específico de 363.472 euros, vigente hasta junio de 2026.
En cuanto al gasto directo para internos, el Gobierno informa que alimentación y asistencia sanitaria en 2024 representaron 2,9 millones de euros, con cargo al presupuesto de la Dirección General de la Policía.
El nuevo CIE de Algeciras, aún sin fecha de apertura
Uno de los puntos más llamativos de la respuesta es el referido al nuevo centro de internamiento en Algeciras. El Gobierno señala que las obras se encuentran “prácticamente finalizadas”, pero todavía pendientes de subsanar deficiencias técnicas detectadas. Por esa razón, no existe aún una fecha concreta para su puesta en marcha.
El Ejecutivo insiste en que el funcionamiento de los CIE responde al marco legal vigente y que el ingreso de personas extranjeras en estos centros se produce únicamente por orden judicial.
Salas de protección internacional en Barajas
El informe también aborda la situación de los espacios habilitados para solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Actualmente existen dos salas operativas, una en la terminal T1 y otra en la T4S. Según el Gobierno, ambas se encuentran en “perfecto estado” y sirven para acoger temporalmente a quienes esperan la resolución de su solicitud de protección internacional.
Una cifra que aviva el debate
Los datos ofrecidos por el Ejecutivo alimentan un debate recurrente sobre el papel de España en la gestión migratoria europea. Por un lado, se subraya la necesidad de garantizar un control ordenado y ajustado a la ley; por otro, organizaciones sociales critican que los CIE representan un sistema que criminaliza la migración y cuestionan la transparencia sobre sus costes reales.
La cifra de más de 38.000 expulsiones en cuatro años refleja la magnitud de un fenómeno en el que confluyen seguridad, política migratoria y derechos humanos, y que seguirá marcando la agenda política en los próximos meses.
En ningún caso el informe que recoge Europa Press, hace referencia a la cantidad devoluciones y expulsiones por nacionalidad.
Aunque no hay una cifra específica disponible para ese periodo, se recuerda que la comunidad dominicana es una de las más grandes e históricas en España, especialmente en comunidades como Madrid y Cataluña.
Los informes sobre deportaciones a países de América Latina suelen mencionar a la República Dominicana como un destino al que se ejecutan retornos, aunque es más fácil encontrar el desglose de deportaciones desde EE. UU. que desde España.
