Imponen garantías millonarias y medidas restrictivas a seis imputados
Santo Domingo.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra seis personas acusadas de integrar una red de piratería digital desmantelada en la reciente Operación Domo. El tribunal también declaró de tramitación compleja el caso, debido a la magnitud de los delitos imputados.
Aunque el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, la jueza Fátima Veloz optó por imponer medidas menos severas: garantías económicas, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Los montos fijados varían según el imputado. Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora deberán pagar RD$7 millones cada uno. A Keomirys Torres López se le impuso una fianza de RD$5 millones; a Víctor Luis Torres López, RD$3 millones; a Raúl Ernesto Guzmán Croes, RD$1.5 millones, y a Leony Esmeralda Croes, RD$3 millones.
Según el Ministerio Público, los acusados operaban una red que distribuía y transmitía ilegalmente contenido audiovisual, incluyendo películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor. Estas prácticas violan la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Durante la audiencia, los fiscales argumentaron que las actividades del grupo no solo afectaron a empresas internacionales, sino también causaron pérdidas al Estado dominicano.
El equipo acusador estuvo compuesto por procuradores de distintas unidades especializadas, incluyendo la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), y la Fiscalía del Distrito Nacional, encabezada por Rosalba Ramos.
La Operación Domo se ejecutó el pasado 16 de septiembre con participación de varias agencias locales e internacionales. Además de las instituciones del Ministerio Público, colaboraron unidades especializadas de la Policía Nacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El caso sigue abierto y bajo investigación. El Ministerio Público adelantó que la estructura tiene ramificaciones tecnológicas complejas y podría haber más implicados.