Implicados en un esquema de registro ilegal de defunciones en Valverde.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El entramado para registrar muertes falsas en la provincia Valverde comienza a desmoronarse. Un tribunal impuso este viernes medidas de coerción a cuatro médicas y una alcaldesa pedánea del municipio de Esperanza, al hallarlas vinculadas al esquema liderado por Máximo Mendoza, el principal imputado del caso que ya cumple tres meses de prisión preventiva.
Las acusadas, las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, junto a la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta, fueron arrestadas la semana pasada tras una orden judicial. El Ministerio Público aportó evidencias que las conectan directamente con los delitos de falsificación y suministro de datos falsos en el registro civil de defunciones.
Según la fiscalía, las pruebas contra las cinco mujeres se obtuvieron en el curso de la investigación contra Máximo Mendoza, quien es señalado como el cabecilla de la red. Mendoza se dedicaba a falsificar y usar documentos públicos para registrar muertes ante centros médicos y las oficialías de la Junta Central Electoral (JCE).
Los detalles de la coerción y los plazos
En la audiencia, los fiscales Esther María González Peguero y Víctor Manuel Mejía presentaron suficientes evidencias para convencer a la jueza Yiberty Polanco Herrán, quien dictó medidas de coerción del artículo 226 del Código Procesal Penal.
Las imputadas deberán presentarse ante el Ministerio Público el último viernes de cada mes y tienen prohibición de salir del país sin autorización judicial. Además, el órgano persecutor recibió un plazo de doce meses para cerrar la investigación y presentar una acusación formal.
Así operaba el fraude
La investigación ha revelado un modus operandi complejo y cruel, ejecutado entre diciembre de 2024 y junio de 2025. El principal objetivo de Máximo Mendoza era registrar a personas como fallecidas para evitar pagar sus supuestas deudas. Se han identificado al menos seis víctimas, de las cuales cinco fueron declaradas muertas en el Ministerio de Salud Pública y la JCE, y una sexta solo en Salud Pública.
La fiscalía ha descubierto que los registros de defunción fueron llenados por varios médicos en pasantía y sin exequátur, entre ellos las cuatro doctoras ahora imputadas.
La red se aprovechaba de personas en situación de vulnerabilidad económica que dependían de los programas de asistencia social del Estado, recibiendo una mensualidad de RD2,100.MendozalesofrecıˊapreˊstamosqueoscilabanentrelosRD5,000 y RD$15,000, reteniendo sus tarjetas de asistencia como garantía.
Cuando los beneficiarios no podían pagar, Mendoza se presentaba en Unidades de Atención Primaria (UNAP) de Mao y Esperanza, haciéndose pasar por un familiar cercano (primo, tío o esposo) para declarar la supuesta muerte y así evadir el pago de la deuda.
El Ministerio Público cuenta con la colaboración del Dicrim de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral para desmantelar por completo esta operación.
Las implicadas enfrentan cargos por violaciones a los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, relacionados con la falsificación y el uso de documentos públicos, así como a los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.