Organizaciones denuncian que la falta de documentos ha incrementado la pobreza y la exclusión en la República Dominicana.
Doce años después de la controversial Sentencia TC 168-13, sus consecuencias siguen resonando con fuerza en la sociedad dominicana. Este 23 de septiembre, la plataforma Dominican@s por Derecho (DxD) advirtió que la sentencia, que despojó de la nacionalidad a miles de dominicanos descendientes de migrantes, no solo ha perpetuado la desigualdad, sino que también ha cimentado un ciclo de pobreza sistémica que afecta a más de diez provincias.
En un comunicado, la organización criticó que la brecha social se ha profundizado, y las promesas de la actual administración para revertir la situación no han dado los resultados esperados.
La plataforma señaló que los esquemas obsoletos y discriminatorios de la administración pública, que se basan en el origen y la condición social, están negando oportunidades de progreso a miles de personas, sus familias y comunidades.
Esto, según DxD, está creando "provincias de segunda categoría" donde las soluciones a los problemas nunca llegan.
Esta afirmación está respaldada por datos de pobreza monetaria del antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Los informes muestran que las provincias con mayor número de afectados por la sentencia son, de manera consistente, las más pobres del país.
En estas zonas, el desempleo, la falta de servicios básicos y el bajo nivel educativo son más pronunciados, generando capas de vulnerabilidad para una población que ya de por sí se encuentra en una situación precaria.
Un simple documento que es la base de todo
La raíz del problema, explican las organizaciones, es la falta de una cédula de identidad. Este documento, fundamental para la vida civil, es la llave a una cadena de oportunidades.
Sin él, los afectados no pueden acceder a empleos formales, afiliarse al Sistema Dominicano de Seguridad Social, abrir cuentas bancarias o recibir atención médica de calidad. Todo esto limita su desarrollo personal y el de sus comunidades, condenándolos a la exclusión.
La plataforma también denunció que, en 2024, los operativos de detención se han intensificado, creando un clima de incertidumbre y amenaza constante. Estos despliegues, que a menudo se basan en el perfil racial, no solo ponen en riesgo a los dominicanos indocumentados, sino que también obligan a los que sí tienen sus papeles a pasar por engorrosos procesos de depuración.
Aunque la Ley 169-14 buscó ser una respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional, miles de dominicanos siguen en el limbo. La negligencia y burocracia de la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio Interior y Policía (MIP) han paralizado el proceso de integración.
Un caso particularmente preocupante es el de 8,000 dominicanos que, a pesar de haber agotado el proceso hace 10 años, siguen a la espera de su documentación.
La plataforma Dominican@s por Derecho concluye con un llamado urgente al gobierno. "La lucha contra la exclusión documental es, en esencia, la lucha contra la pobreza y la inequidad", afirman.
Es imperativo que el Estado dominicano cierre este círculo de exclusión, garantizando los derechos plenos y el acceso efectivo a la ciudadanía para todos sus habitantes.
