Las empresas tecnológicas denuncian red de piratería que vendía accesos ilegales a miles de contenidos.
Amazon y Netflix dieron un golpe inusual en la justicia dominicana al presentar querellas formales contra los implicados en una amplia red de piratería digital desmantelada bajo la llamada Operación Domo.
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, confirmó a Diario Libre que ambas compañías se constituyeron en parte civil, algo “poco común” en procesos penales de República Dominicana.
El caso cobró fuerza tras la entrega de los prófugos Leony Esmeralda Croes y Raúl Ernesto Guzmán Croes, quienes se unieron a los también acusados Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luis Torres López. Todos enfrentarán este jueves medidas de coerción mientras avanza la investigación.
Red transnacional que movía millones en criptomonedas
Según el Ministerio Público, la organización operaba un sistema que permitía comercializar accesos ilegales a más de 1,400 canales de televisión y unas 14,000 películas y series, incluyendo producciones exclusivas de Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.
El modus operandi consistía en descifrar y compartir claves de acceso a servicios de streaming, que luego se revendían en forma de suscripciones clandestinas.
Las transacciones se realizaban mediante pagos en bitcoin y transferencias a cuentas bancarias nacionales e internacionales, lo que permitió a la red movilizar sumas millonarias sin dejar rastros en el sistema financiero convencional.
Este uso de criptomonedas plantea ahora un desafío adicional para las autoridades, que deben decidir qué hacer con los fondos incautados, dado que en el país solo el peso dominicano tiene estatus de moneda regulada.
Una estructura familiar y jóvenes al mando
La fiscal Ramos describió la red como una “estructura básicamente familiar”, integrada en su mayoría por personas jóvenes que ofrecían planes anuales a una clientela en busca de acceso barato a catálogos premium.
Estamos hablando de un aprendizaje institucional, incluso para manejar los activos digitales confiscados”, señaló la fiscal, reconociendo la complejidad del caso.
El proceso marca un precedente judicial en República Dominicana, no solo por la participación de gigantes globales del entretenimiento, sino también por el reto que supone perseguir un delito tecnológico en constante evolución.
Para las autoridades, este caso es una oportunidad para fortalecer los mecanismos de persecución y regulación en un mercado donde la tecnología suele ir un paso adelante de la ley.
