Las sanciones incluyen cancelaciones definitivas y suspensiones provisionales
Santo Domingo, R.D. — La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) canceló y suspendió el Registro de Proveedores del Estado (RPE) a 47 personas físicas y jurídicas vinculadas a casos de corrupción, en una medida que busca blindar el sistema de compras públicas y cortar el acceso de condenados y procesados a los recursos del Estado.
La decisión está contenida en la Resolución núm. DGCP-44-2025-003701, emitida este lunes, y fue anunciada por el titular de la institución, Carlos Pimentel Florenzán. La medida se apoya en informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República y se enmarca en lo que establecen las leyes 340-06 sobre Compras y Contrataciones y 107-13 sobre el procedimiento administrativo.
“Con esta resolución reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la integridad del sistema de contrataciones públicas. Ningún proveedor condenado por corrupción debe tener acceso al dinero de todos”, dijo Pimentel.
La resolución detalla tres tipos de sanciones:
- Cancelación definitiva de 21 registros, correspondientes a proveedores ya condenados por corrupción mediante acuerdos homologados. Estos quedan totalmente excluidos del sistema.
- Suspensión provisional de 14 proveedores que están siendo procesados penalmente, hasta que exista una sentencia firme.
- Suspensión automática de 12 registros pertenecientes a empresas cuyos directivos o socios han sido condenados, como medida preventiva mientras se evalúan responsabilidades.
De acuerdo con el comunicado de la DGCP, los proveedores con estatus “cancelado” no podrán volver a contratar con ninguna entidad estatal. En cambio, los “suspendidos” quedarán temporalmente fuera del sistema, a la espera del desenlace judicial.
Además, la decisión ha sido notificada formalmente a otras entidades del Estado que intervienen en procesos de control y fiscalización: la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la propia Procuraduría.
Desde la DGCP insisten en que se trata de una señal clara, tanto para los ciudadanos como para los actores económicos interesados en participar del mercado público. “La contratación pública no puede ser un espacio de impunidad. Tiene que ser un entorno de transparencia y legalidad. Esta resolución es parte de ese compromiso institucional”, enfatizó Pimentel.
La lista completa de proveedores sancionados y los detalles legales de la resolución están disponibles para consulta pública en el portal institucional www.dgcp.gob.do, dentro de la sección “Marco Legal”.
Con esta acción, la DGCP continúa afinando los filtros del sistema para evitar que empresas vinculadas a prácticas corruptas sigan haciendo negocios con el Estado. Un paso más, dicen, en el esfuerzo por cerrar las brechas que durante años permitieron que el dinero público terminara en manos indebidas.
