Wilfredo Lozano pide modernizar ley, crear visa laboral y reforzar controles fronterizos inmediatos
La República Dominicana necesita una reforma profunda de la Ley General de Migración que incluya protocolos modernos, coordinación estatal efectiva y un régimen regulatorio que garantice derechos y controles, para que la migración laboral deje de operar en el limbo jurídico que actualmente frena el desarrollo económico y social.
Así lo sostuvo el director del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano, que advirtió que debe actuarse con los protocolos que rigen deportaciones, permisos de entrada y contratos de trabajo para inmigrantes.
En una entrevista en el programa Esferas de Poder, Lozano subrayó que “es imprescindible generar una capacidad institucional sólida” que permita ordenar los ingresos, la documentación y los contratos de quienes llegan al país.
Reforma de ley y control de la movilidad laboral
Según Lozano, los acuerdos alcanzados en el Consejo Económico y Social (CES) evidencian que el marco normativo actual está desfasado. “No solo la Ley de Migración, también los protocolos de deportación y los contratos laborales requieren cambios urgentes”, puntualizó.
El funcionario insistió en que se necesita un ordenamiento efectivo de la movilidad del trabajo, especialmente para los haitianos que suplen sectores estratégicos como la agricultura y la construcción, donde la contratación es volátil y de corta duración.
Para Lozano, el país debe establecer permisos claros y cumplibles en el tiempo, formalizar los contratos en sectores donde los jornaleros realizan trabajos temporales y eliminar el “desorden” que actualmente impera.
Aclaró que no se trata de un plan de regularización de haitianos, sino de garantizar legalidad en las áreas productivas que dependen de la mano de obra inmigrante.
Necesidad de una visa laboral y persecución al tráfico humano
El académico alertó que la actual ley no contempla una visa de trabajo para empleados manuales no calificados, lo que limita la institucionalización de la inmigración temporal. “El trabajador jornalero no tiene ningún instrumento legal que se asemeje a una visa de trabajo, y eso hay que resolverlo”, enfatizó.
Además, pidió mayor rigurosidad en la persecución y sanción a los traficantes de migrantes, a quienes definió como una de las mayores amenazas para el orden en la isla. Señaló que generar estadísticas permanentes es clave para diseñar políticas basadas en hechos y no en estimaciones.
Lozano valoró como un “precedente positivo” que en el CES se lograran acuerdos entre partidos de oposición, gobierno, empresarios, sindicatos y sociedad civil.
Pese a las diferencias, destacó que hubo consenso en la modernización de los organismos migratorios y en la necesidad de que el Ministerio de Trabajo participe más activamente en la gestión de la inmigración, dado que la mayoría de los flujos están ligados a la oferta laboral.
