Ministerio Público busca castigo ejemplar para implicados en la Operación Domo
El Ministerio Público pidió este miércoles que se imponga prisión preventiva por 18 meses a los cuatro acusados de integrar una red dedicada a la piratería digital, desmantelada durante la Operación Domo. La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, como parte de un expediente que apunta a una estructura con operaciones dentro y fuera del país.
Los imputados son Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luis Torres López. Se les acusa de violar varias leyes, incluyendo la de Derecho de Autor (Ley 65-00), la de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Ley 53-07) y la de Lavado de Activos (Ley 155-17). Según el Ministerio Público, las acciones de este grupo causaron perjuicios a compañías internacionales y también al Estado dominicano.
La jueza Ana Lee Florimón aplazó la audiencia para el jueves 25 de septiembre a las 9:00 de la mañana, en lo que se espera sea una decisión clave en el desarrollo del caso.
Al salir del tribunal, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, explicó que la Operación Domo logró desmontar una red que se dedicaba a distribuir ilegalmente señales de televisión y contenidos de plataformas de streaming. Añadió que esta estructura no solo afectó a empresas locales, sino también a gigantes internacionales del entretenimiento y la distribución audiovisual.
“La piratería no es solo un tema de robo digital, es una forma de saqueo que afecta a quienes invierten, crean y producen contenido”, dijo Ramos. En ese sentido, advirtió que todavía hay personas vinculadas a esta red que no han sido detenidas, y les hizo un llamado claro: “Sabemos quiénes son. Lo mejor que pueden hacer es entregarse, porque esto no se va a quedar a mitad de camino”.
La solicitud de medida de coerción fue elaborada por un equipo de fiscales encabezado por Jonathan Baró Gutiérrez y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) y Pedatec, junto a la fiscal Ramos.
La Operación Domo fue coordinada por la Dirección General de Persecución y reunió a varias entidades especializadas del Ministerio Público: UPI, Pedatec, la Procuraduría contra el Lavado de Activos y la Fiscalía del Distrito Nacional. También intervino la Unidad de Investigación Criminal.
Además, hubo apoyo clave de cuerpos policiales como el Dicat y el Deidet, especializados en delitos tecnológicos y transnacionales, respectivamente. La operación contó también con respaldo internacional, especialmente del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
Todo apunta a que esta investigación está lejos de terminar. La magnitud del caso, la cantidad de actores involucrados y los daños económicos hacen que el Ministerio Público busque un castigo ejemplar para los implicados. La audiencia del 25 de septiembre será un punto clave para ver hasta dónde está dispuesto a llegar el sistema judicial frente a este tipo de crímenes tecnológicos.
