La defensa del exministro de Hacienda denuncia que la Pepca ocultó un informe clave en el caso Calamar.
Santo Domingo.- El caso Calamar ha tomado un giro inesperado en la audiencia de este miércoles, cuando la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, reveló una presunta violación al debido proceso. El abogado Mario Aguilera denunció que el informe de la Contraloría General de la República, documento que sirvió como punto de partida para la Operación Calamar, nunca fue notificado a su equipo.
Según el jurista, esto les impidió conocer y debatir su contenido, una omisión que, asegura, compromete la validez de todo el proceso.
Un informe fantasma que sustenta una acusación
La solicitud de Aguilera, para que se hiciera constar la omisión en acta, dejó en evidencia, de ser cierta, lo que podría ser una de las mayores debilidades del caso.
El informe, elaborado por investigadores antifraude de la Contraloría, fue la base sobre la que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) construyó la acusación contra Guerrero.
En reporte oficial, se detallan supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones que superaron los 17,000 millones de pesos entre abril y junio de 2020.
"Ese informe existe, ha sido mencionado como prueba en este caso, y nunca nos ha sido notificado", señaló Aguilera ante el tribunal. "Por tanto, jamás hemos podido ejercer contradicción alguna".
La acción de la defensa no es un detalle menor. La Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas establece claramente que los acusados tienen el derecho de acceder a las pruebas en su contra para poder ejercer una defensa adecuada. La omisión de la Pepca en este punto podría ser un golpe mortal al caso.
Nuevos desistimientos debilitan el caso
La jornada judicial también estuvo marcada por una nueva ola de desistimientos de querellas contra el exministro indica la defensa. Esto se suma a una tendencia creciente que ha estado debilitando la postura de la Pepca. La Fundación Alfredo Nóbel retiró su acusación, al igual que representantes de la familia Mota, quienes habían suscrito contratos con el Estado y contaban con títulos de propiedad.
Recuerda que la semana anterior, más de 40 herederos de la familia Reyes también abandonaron sus acusaciones y, de paso, pidieron que el tribunal ordenara el pago del 20% que el Estado les adeuda. Estos retiros voluntaritos son un claro indicio de que los querellantes no tienen la misma confianza en el caso que la Pepca.
Además, el tribunal dictaminó la extinción de la acción penal de más de 260 querellantes particulares, pues sus demandas fueron "mal promovidas" al carecer de representación legal válida y poderes firmados por personas fallecidas.
Para la defensa de Donald Guerrero, el caso Calamar, que ha sido presentado por el Ministerio Público como uno de los más emblemáticos contra la corrupción, se está desmoronando ante los ojos de la justicia.
Las denuncias de fallas en el debido proceso y los constantes desistimientos de los acusadores han puesto en tela de juicio la solidez de las pruebas. La defensa de Guerrero parece tener la sartén por el mango. Esperemos que dice la Pepca al respecto.
