Yeni Berenice explica los cambios clave en la lucha contra la corrupción
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ofreció una conferencia en la Dirección General de Aduanas que dejó claro un mensaje: la corrupción en República Dominicana ya no será tratada con guantes de seda.
Frente a funcionarios, abogados y empleados públicos, Reynoso explicó cómo el nuevo Código Penal —junto con la actualizada Ley de Compras y Contrataciones— marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción. El punto central: por primera vez, la corrupción es considerada un delito autónomo.
“Eso significa que cualquier acción dolosa que afecte el patrimonio público ya puede ser perseguida penalmente, sin necesidad de que esté ligada a otro delito”, explicó Reynoso.
La actividad contó con la presencia del director de Aduanas, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el procurador adjunto Osvaldo Bonilla y el gerente legal de la DGA, Oscar D’Oleo Seiffe.
Durante su intervención, Reynoso detalló que los nuevos tipos penales recogidos en el Código Penal, que entrará en vigor en 2026, están alineados con la Ley de Lavado de Activos. Esto implica sanciones de entre tres y diez años de prisión, lo cual permite que estos delitos sean considerados antecedentes válidos en casos de lavado.
“Los tipos penales están pensados para funcionar en bloque. Y no solo eso, también se establece la acumulación de penas, algo que refuerza el carácter sancionador del Código”, puntualizó.
La procuradora insistió en que, aunque el nuevo Código no es perfecto, representa un paso firme hacia los estándares internacionales en materia de transparencia y justicia. “Es un buen Código Penal. Y no lo digo desde un escritorio. Lo digo como alguien que ha enseñado derecho penal durante más de 20 años y que lo aplica todos los días”, afirmó.
Uno de los puntos que más llamó la atención fue el endurecimiento de las penas para casos de enriquecimiento ilícito. Además de permitir el decomiso de los bienes obtenidos, establece la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, tanto por elección como por designación.
“El que sea condenado por enriquecimiento ilícito no podrá volver a una posición pública. Nunca más. Esa puerta queda cerrada para siempre”, subrayó.
Reynoso también habló de la responsabilidad penal de las empresas, un aspecto que hasta ahora no se había abordado con suficiente claridad. Bajo el nuevo marco, las personas jurídicas también pueden ser juzgadas, sancionadas e incluso disueltas. “No se trata solo de perseguir a individuos. Las empresas también tienen que responder por su rol en los actos de corrupción”, explicó.
Entre los nuevos delitos incluidos en la ley, mencionó la manipulación de pagos de obras públicas, la adjudicación de contratos sin licitación, el pago de bienes o servicios inexistentes y la falsificación de documentos para competir en licitaciones.
“Cuando se rompe una regla en las contrataciones públicas, se le roba al pueblo. No se trata solo de papeleo, se trata de fondos que deberían ir a salud, a educación, a seguridad”, concluyó.
