Un informe denuncia que las sanciones unilaterales socavan derechos básicos y empujan a la gente a la pobreza.
Las sanciones económicas, lejos de ser una herramienta de presión política indolora, están desangrando los derechos más básicos de las personas. Así lo reveló un nuevo y crudo informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que se denuncia cómo el uso y la aplicación desmedida de estas medidas, a menudo unilaterales, están erosionando los derechos económicos, sociales y laborales.
La abogada bielorrusa Alena Douhan, Relatora Especial de la ONU, fue clara en su presentación: "Observamos un creciente uso de sanciones unilaterales… a pesar de los múltiples informes sobre su impacto humanitario negativo".
El problema, según Douhan, en un texto que recoge IPS, es que estas sanciones tienen un "efecto acumulativo" y repercusiones mucho más amplias, afectando incluso a terceros países y a las mismas naciones que las imponen.
El informe detalla cómo estas medidas atacan directamente los derechos de la población. El derecho a la propiedad, por ejemplo, se ve socavado por la congelación y confiscación de activos.
Como prueba, la relatora mencionó un caso de 2023 en el que siete camiones cisterna de leche y 17 camiones de bomberos fueron incautados en Lituania, acusados de eludir sanciones mientras se dirigían a Cuba y Zimbabue.
Otro ejemplo citado en el documento es el de Estados Unidos, que ha confiscado miles de envíos de productos chinos, incluyendo artículos de alta tecnología valorados en más de 2 mil millones de dólares, bajo la justificación de sanciones relacionadas con la provincia de Xinjiang.
El desempleo y la pobreza, las víctimas colaterales
Pero el impacto va mucho más allá. El informe señala que el derecho al trabajo es una de las principales víctimas. Las sanciones disparan el desempleo, reducen los salarios y precarizan las condiciones laborales, afectando de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas.
Los datos presentados son escalofriantes. En Siria, el desempleo subió del 8.6% en 2011 al 13.2% en 2023. En Irak, saltó del 9% en 2023 al 15.4%, y en Afganistán, del 8% en 2001 al 14% en 2023.
La relatora mostró una especial preocupación por la reducción de salarios en el sector público, que en muchos países ha llevado a la hiperinflación. En Venezuela, por ejemplo, el salario promedio en el sector público se ha desplomado a entre 2 y 10 dólares al mes, mientras la canasta básica supera los 200 dólares, según un informe de 2021.
Como resultado, la tasa de pobreza en Venezuela ha llegado al 94%, con un 67% de la población viviendo en la pobreza extrema.
El documento advierte que las sanciones han empujado a la gente a la desesperación y a actividades ilícitas como el contrabando, la prostitución y la trata de personas.
Ante este panorama, la experta instó a los países que aplican sanciones a revisar y levantar aquellas que no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. A la vez, hizo un llamado a las organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que presten especial atención a la erosión de los derechos laborales. Porque, al final del día, las sanciones tienen un costo humano demasiado alto.
