Busca auditar los contratos de mantenimiento de escuelas y evitar pagos por trabajos no realizados.
SANTO DOMINGO — El Ministerio de Educación parece decidido a cerrar la puerta a la corrupción y el despilfarro. Con la firma de la Orden Departamental 055-2025, el ministro Luis Miguel De Camps ha dado un paso firme para reforzar el control y la transparencia en el uso de los fondos destinados al mantenimiento de las escuelas.
Desde marzo de 2025, por instrucción directa de De Camps, el ministerio ha estado inmerso en una revisión integral de todos los contratos de mantenimiento, tanto de la gestión actual como de la pasada. Este esfuerzo, que cuenta con el apoyo técnico de la Contraloría General de la República, busca garantizar que cada centavo invertido en la infraestructura escolar se traduzca en obras reales y verificables.
La nueva orden ministerial busca consolidar este proceso de control con medidas mas efectivas. De ahora en adelante, ninguna transferencia a las juntas descentralizadas podrá ser realizada sin una auditoría que certifique la culminación de los trabajos. El objetivo es simple: acabar con la práctica de pagar por obras que nunca se ejecutaron o se hicieron de manera deficiente.
Tolerancia cero con el fraude
La Orden Departamental 055-2025 establece un mandato claro para que se elabore un informe técnico sobre cualquier caso de obras pagadas y no ejecutadas. Este informe será remitido directamente al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y, si es necesario, a la Procuraduría General de la República para que se investigue a fondo y se sancione a los responsables.
Además, el ministerio reforzará la supervisión de todas las obras en curso a través de la Dirección de Infraestructura Escolar y hará que cada transferencia de fondos pase por un proceso estricto y bien documentado.
Un llamado al orden
La nueva normativa también recuerda a las juntas descentralizadas su obligación de cumplir con el Reglamento para el Manejo de Fondos. Esto implica, entre otras cosas, la aprobación de planes operativos y presupuestos, la rendición de informes mensuales y la actualización de inventarios.
El ministerio subraya que las juntas están sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones y que cualquier incumplimiento será sancionado.
