El Gobierno insiste en la justicia restaurativa ante críticas de víctimas y oposición
La histórica condena dictada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los antiguos jefes de las FARC ha abierto un intenso debate en Colombia. Mientras las autoridades defienden el fallo como parte del modelo de justicia pactado en los acuerdos de La Habana, voces de víctimas y figuras públicas denuncian un escenario de impunidad.
La sentencia alcanzó al antiguo secretariado de la guerrilla, incluido su último comandante, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, y los responsabiliza por el secuestro de más de 21.000 personas durante seis décadas de conflicto. La JEP les impuso ocho años de penas alternativas, que no implican cárcel tradicional, sino sanciones restaurativas.
El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, respondió a las críticas recordando que lo aprobado en Cuba fue un esquema de justicia transicional y no de castigo ordinario. “Se pactó un nuevo modelo. No se trata de privar de libertad, sino de garantizar verdad, reparación y no repetición”, enfatizó.
Uno de los arquitectos del proceso de paz, Humberto de la Calle, salió también en defensa de la decisión. A través de sus redes sociales subrayó que el reconocimiento de responsabilidad por parte de los excomandantes de las FARC es un hecho “inédito en el mundo”.
Sin embargo, De la Calle admitió comprender el dolor de quienes consideran que los máximos responsables del secuestro han salido indemnes. “Hay que entenderlo como un balance entre justicia y paz. Se trataba de cerrar una confrontación armada que desangró al país”, señaló.
Entre quienes rechazan el fallo se encuentra la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla durante seis años. En declaraciones a Blu Radio cuestionó la legitimidad de las sanciones: “Ni siquiera son penas privativas de libertad. Se les aplican penitencias que pueden delegar en terceros, sin mostrar verdadera contrición por los crímenes cometidos”.
ONU celebró el fallo “hito histórico
El eco de la decisión llegó también a Naciones Unidas. El secretario general, António Guterres, celebró el fallo como un “hito histórico” en la implementación de los acuerdos de paz. A través de su portavoz, destacó que este paso refuerza los mecanismos de justicia transicional que buscan garantizar rendición de cuentas y reparar a las víctimas.
Insistió en que las sentencias deben cumplirse plenamente y que las autoridades colombianas tienen la obligación de generar las condiciones para su aplicación efectiva.
Pese al respaldo internacional, la polémica se mantiene viva dentro del país. Para los defensores del modelo, la clave está en consolidar la paz con mecanismos innovadores que eviten nuevas violencias. Para las víctimas inconformes, el riesgo es que la justicia transicional termine disfrazando la impunidad.
La JEP, que todavía tiene pendientes fallos contra antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad, sigue en el centro de la discusión nacional. con datos de Europa Press.
