Participación Ciudadana pide a las autoridades poner fin a la impunidad policial.
El movimiento cívico Participación Ciudadana ha alzado la voz para exigir una investigación exhaustiva de cada persona que fallece en supuestos "intercambios de disparos" con la Policía Nacional. La organización no partidista ha instado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, a diseñar políticas públicas que garanticen una investigación minuciosa en cada uno de estos casos.
El reclamo toma fuerza a raíz de la reciente muerte de cinco jóvenes en Santiago, un suceso que ha captado la atención pública y que, según la entidad, debería ser un punto de inflexión.
Participación Ciudadana señala que las investigaciones no deben limitarse a este caso, sino que deben convertirse en una norma obligatoria cada vez que un miembro de la Policía Nacional cause la muerte de una persona.
La organización civil argumenta que la eliminación de individuos bajo el pretexto de un intercambio de disparos no es más que la manifestación de una política de Estado que ha prevalecido a lo largo de distintos gobiernos, sin consecuencias penales para los responsables.
Esta práctica, según Participación Ciudadana, es inconstitucional e ilegal, ya que convierte a los agentes de la ley en "juez y ejecutor", imponiendo una pena de muerte que no existe en el ordenamiento jurídico dominicano.
La entidad califica a estos agentes como "criminales" y denuncia que este comportamiento se disfraza bajo el falso argumento del control de la criminalidad.
Las estadísticas pintan un panorama alarmante. La organización se respalda en datos citados por el diario Diario Libre, hasta el 5 de septiembre de este año ya se contabilizaban 170 personas muertas en estos incidentes, un aumento de 18 con respecto al mismo período del año anterior.
Esta cifra coloca a la República Dominicana, según el informe de Latinobarómetro 2024, en el primer lugar de la región, junto a Bolivia, en términos de violencia estatal, con un 21% de los casos, muy por encima del promedio latinoamericano del 14%.
Participación Ciudadana recordó que durante años, estas investigaciones estaban en manos de la propia policía, lo que, por "espíritu de cuerpo", impedía una investigación independiente y transparente.
Ahora, el movimiento cívico hace un llamado directo a las dos figuras femeninas clave en la justicia y la seguridad, Reynoso y Raful, para que rompan con este ciclo de impunidad.
Su tarea, según la organización, es no solo investigar este caso de Santiago, sino diseñar y aplicar políticas permanentes que garanticen que, en el futuro, cada fallecimiento en manos de la policía sea investigado a fondo, sus resultados sean divulgados y los responsables enfrenten la justicia.
