En 2023, mal contados, alrededor de 90 muertos en intercambio de disparos.
“El atajo de las ejecuciones policiales es el fracaso de cualquier plan de seguridad ciudadana”.
“Los presidentes recurren a la asesoría internacional y local para planes de contención de la violencia y la criminalidad, pero desesperan cuando no ven resultados a corto plazo y aumentan los reclamos ciudadanos”.
“Los políticos caen vencidos por las constantes denuncias y reportajes de crímenes y raterías en periódicos, radio y televisión y, ahora, por las temibles redes sociales y sus “tendencias” y “viralizaciones”.
“El presidente Luis Abinader y el PRM son víctimas de sus pronunciamientos tremendistas cuando ocupaban el litoral opositor. La paz y la seguridad se reinstalarían en cuestión de meses”, decían presuntuosos, al lado de sus asesores extranjeros”.
“La realidad los golpeó rudamente al encontrarse con los deficientes instrumentos para la enorme tarea: corrupción policial, insuficiencia de recursos y de formación, desmotivación, indisciplina, desorganización institucional y un largo etcétera que completaría gustoso el ya famoso comisionado”.
“Abinader, luego de varios ensayos fallidos, tuvo el valor de recomenzar por lo fundamental, que es el inicio de la transformación policial centrado en la mejoría socioeconómica y educativa de los policías y sus familiares y una obligatoria depuración, necesariamente por tramos, a contrapelo de lacras antiquísimas”.
“En medio del proceso, entre la reactivación criminal poscoronavirus y efluvios de la resistencia al cambio en grupos policiales, se extremó la actividad delictiva y ante una exasperada población, el gobierno con la mira en las encuestas en una extemporánea campaña electoral buscó el peligroso y fracasado atajo de “garantizar la seguridad ciudadana” a plomazos”.
“Las ejecuciones policiales provocan un falso alivio para todos, gobernantes y gobernados, y constituyen un “método” insostenible en el tiempo y violatorio de la Constitución”.
“La aprobación es casi unánime, incluso en aquellos autoproclamados próvida, que hacen gárgaras diariamente con el artículo 37 de la Constitución que advierte sobre la inviolabilidad de la vida y sentencia que “en ningún caso, la pena de muerte”.
“Es que son delincuentes” —gritan—. “¿Quieres que les tiren flores?” El problema es que ningún tribunal, obligación constitucional, ha dictaminado la culpabilidad”.
“Siempre otros ocuparán los lugares de los caídos y grupos de policías utilizados en ejecuciones evolucionan para otros “servicios”, incluso para entramados criminales”.
“Si la “solución” era tan fácil como salir a cazar alegados o reales delincuentes, hubiese bastado con 10 generales matones, y nos hubiésemos ahorrado montones de millones en congresos, seminarios, charlas, asesorías y comisiones”.
“Había que hacer algo”, es el coro justificativo. Pero ese “algo” es frágil, insostenible en el tiempo (afortunadamente) y se aviene más a perfiles autócratas. Lo difícil es en democracia, pero ese es el reto”.
Lo anterior es del 19 de diciembre de 2022. Insistí en radio (A Diario) y en televisión (El show del mediodía) y el 8 de enero de 2024 volví sobre el tema en esta columna.
“Las ejecuciones camufladas de “intercambio de disparos” atentan contra la reforma policial que gana espacio en la sociedad dominicana”.
“Imagino ante sonados casos delictivos, a una eminencia gris en un pasillo gubernamental recomendar que “en lo que concluimos la reforma, dejemos que la Policía aplaque el reclamo de la calle, en la forma que siempre lo ha hecho…”
En 2023, mal contados, alrededor de 90 muertos en intercambio de disparos. Cifra que subió a 144 en 2024, mientras que, según la proyección, este año podría ser récord al elevarse a 82 los muertos en los primeros seis meses. Las cifras derrotan el inconstitucional y criminal método.
Desalienta que el ministerio público, obligado a investigar toda muerte violenta, solo se anima ante escándalos como el quíntuple asesinato de Santiago.
